El lavado de dinero consiste en dar apariencia lícita a dinero proveniente de un delito y la forma más sencilla de hacerlo es colocar el negocio turbio lejos de quien lo realiza, poniéndolo en cabeza de otra persona, que presta su nombre y su firma. Esta es la maniobra que encontró el juez Norberto Oyarbide al sostener que se usó la campaña presidencial llevada a cabo por el Frente para la Victoria en 2007 para blanquear dinero sucio.

Lo hizo al fundar el procesamiento de Gabriel Brito, un empresario que relató en detalle cómo se hacían las estafas con medicamentos e involucró a Néstor Lorenzo en las maniobras. Brito quedó preso como integrante de la asociación ilícita que describió, pero también como partícipe en el delito de lavado de dinero.

El blanqueo, según el juez, se produjo cuando Brito le prestó cuatro cheques de su empresa Global Pharmacy a Lorenzo por 310.000 pesos, que terminaron depositados en la colecta de campaña. Eran dos cheques por 77.000 pesos y dos de 78.000 pesos.

El dinero para cubrir esos cheques fue provisto por Lorenzo, que se lo dio a Brito en efectivo. Brito o su hermano hicieron los tres depósitos para cubrir los cheques.

Oyarbide entendió que "se otorgaba de esa manera una apariencia de licitud a fondos presuntamente espurios que provenían de hechos ilícitos".

Otro cheque de Brito terminó en manos de Lorenzo depositado en la cooperativa de crédito Vernet. Como Lorenzo nunca lo cubrió, Vernet le pidió la quiebra a Global Pharmacy. Brito está procesado por extorsionar a Vernet, pues hay grabaciones en las que Brito señala que les pedía dinero para no denunciarlos como protagonistas de "la ruta del lavado de guita que está buscando Oyarbide"

"A los fines de configurarse el delito [de lavado] es indistinto que ese dinero haya sido destinado a la campaña o haya sido utilizado para otro fin. Lo importante es que Brito consintió al firmar esos cheques, aparentando que eran de Global Pharmacy, cuando en realidad era Lorenzo el que usaba su empresa para cubrir la ruta del dinero, ocultando al verdadero depositante, que era él", escribió el juez. La idea es que Brito permitía que Lorenzo reingresara su dinero al mercado financiero, dándole apariencia de licitud.

No obstante, Oyarbide aclaró que el delito de lavado en la campaña está siendo investigado en otras dos causas paralelas que tienen la jueza María Servini de Cubría y su colega Ariel Lijo. Dijo que son ellos los que deben determinar el origen del dinero que puso Lorenzo. Pero hasta ahora Servini de Cubría aguarda que sea Oyarbide el que eche luz sobre ese punto a través de su causa.

Oyarbide aclaró que "si bien el origen de los fondos sería ilegal, no se pudo determinar que provenían de las droguerías que firmaban los cheques". Por eso el juez entendió que Brito no participó de la estafa, pero sí del encubrimiento de lavado de dinero.

No queda claro, de todos modos, de qué manera Lorenzo recuperaba esos fondos "limpios" una vez que los invertía en la campaña electoral. Tal vez sea una de las preguntas que el juez Oyarbide le tiene preparada al ex superintendente de Salud y recaudador electoral Héctor Capaccioli cuando lo indague.