El oficialismo legislativo apuró el trámite y tiene decidido aprobar el próximo miércoles el proyecto para pagar el medio aguinaldo con $170 millones provenientes del Fondo de Garantía de Seguros de la entidad. El gremio bancario denuncia que el PE quiere “vaciar” a la institución y advirtió que resistirá la medida en las calles y en la Justicia.
Ahora, el nuevo eje de conflicto entre las partes es un proyecto del Gobierno que prevé utilizar recursos de la Caja Popular de Ahorros (CPA) para pagar la segunda parte del medio aguinaldo a los empleados públicos, a fin de año. La medida es resistida por el gremio bancario, que representa a los empleados de dicha entidad, y que durante una asamblea se declaró en estado de alerta y movilización.
En un trámite inusualmente expeditivo, apenas 48 horas después de que el gobernador José Alperovich adelantara a la prensa sobre la intención de concretar la medida, el oficialismo legislativo puso ayer manos a la obra para dotar al Poder Ejecutivo de esa herramienta. Por la mañana, la comisión de Hacienda y Presupuesto emitió dictamen favorable al proyecto, y al mediodía Labor Parlamentaria, presidida por el vicegobernador interino, Regino Amado, convocó a una sesión especial para el próximo miércoles, a las 17.00, a los fines de convertir en ley la polémica iniciativa.
En concreto, el proyecto prevé autorizar al PE a suscribir un convenio con la CPA para utilizar más de 170 millones de pesos provenientes del Fondo de Garantía del Departamento Seguros de la entidad crediticia.
El Gobierno quiere sustituir dichos fondos, que se encuentran inmovilizados en plazo fijo en la banca privada, por Letras de la Tesorería, a los fines de contar con ese efectivo para cancelar el sueldo anual complementario de los estatales.
Según explicó Alperovich a la prensa el último miércoles, con esta medida se evitaría recurrir al crédito por hasta 400 millones de pesos que la Cámara autorizó a tomar en mayo último. "La Caja Popular tiene un dinero inmovilizado para los fondos de garantías, nosotros podemos reemplazarlo por Letras de Tesorería, con eso nos liberaría un dinero y nos serviría para pagar el aguinaldo. Son unos 170 millones de pesos", indicó el Mandatario tucumano, descartando, además, que la medida pueda perjudicar a la entidad. "Si la CPA existe es gracias a todo lo que le da el Estado", manifestó, de modo terminante.
Conforme al proyecto enviado al Parlamento y que la abrumadora mayoría oficialista seguramente aprobará, la recaudación de la Dirección General de Rentas será puesta como garantía de la operatoria para el canje de fondos de la CPA por Letras de la Tesorería. Además, la iniciativa indica que la Provincia mejorará en un punto la tasa de plazo fijo que percibe actualmente la institución por parte de la banca privada.
Resistencia sindical
El titular de la AB, Eduardo Bourlé, advirtió ayer en diálogo con EL SIGLO que el próximo miércoles movilizarán hasta la Legislatura para evitar que en la sesión el proyecto sea convertido en ley. Además, indicó que tienen previsto realizar una manifestación el martes por la mañana en la city bancaria local con el fin de denunciar "este intento del Gobierno de vaciar a la CPA".
"El problema que tiene el Ejecutivo es que hoy se pone en blanco sobre negro los problemas de una gestión económica que se viene aplicando desde hace años equivocadamente y que hoy se puede apreciar con este agujero negro en las finanzas. Es una vergüenza que no tengan para pagar el medio aguinaldo a pesar de los millones que llegan por coparticipación y de lo que recaudan", disparó.
En el mismo tono, Bourlé dijo que "si no pueden pagar el aguinaldo, tampoco tendrán dinero para restituir ese dinero de la Caja que pretenden cambiar por papeles pintados". "Vamos a denunciar esta maniobra en defensa de los intereses de la CPA y de las más de 3 mil familias que viven de esta institución que nació hace 97 años para cumplir una misión social y solidaria, con préstamos para viviendas, salud y educación de los tucumanos, y no para financiar a una gestión de Gobierno que se equivoca", lanzó.
Por otro lado, el secretario general de la Bancaria aclaró que "estos fondos de garantía que pretenden sacar del banco hacen a toda la actividad de la CPA, por lo que estarían violando su carta orgánica".
Según Bourlé, el Gobierno "está perdiendo de vista la normativa dispuesta la Superintendencia de Seguros, reglamentada por una ley nacional, que establece que los fondos de garantía no pueden ser empleados con los fines que pretende el Poder Ejecutivo. Quieren desfinanciar a la CPA, que debe contar con esos recursos para asegurar su presente y su futuro, porque son un respaldo frente a los juicios que se sustancian contra la entidad. Si ese fondo de garantía está en papeles pintados, la entidad corre un serio riesgo", insistió.
El sindicalista dijo que realizaron una presentación ante la Superintendencia de Seguros de la Nación para informar sobre la situación y no descartó la posibilidad de que el tema termine en la Justicia. "Vamos a realizar las presentaciones necesarias para resguardar el bienestar financiero de la Caja", expresó.
Bourlé consideró que "esta medida es una consecuencia porque en el Gobierno se quedaron con las manos vacías en su intento de expropiar el Club Caja Popular. Como no pudieron hacerlo, ahora van a aplicar esta medida apresurada que atenta contra la CPA, y eso nos hace temer que la institución corra la misma suerte que el Banco Empresario, que alguna vez fue administrado por el ministro de Economía Jorge Jiménez, quien nos dice que nosotros somos ignorantes y salió a defender el proyecto", espetó el dirigente bancario.
En su crítica al Gobernador y al titular de la cartera de economía, principal impulsor de la medida, el titular de la AB sentenció: “La CPA es de los tucumanos, no es el banco NOAR”.
“Podrían incurrir en un delito”
El senador nacional y titular de la UCR en Tucumán, José Manuel Cano, advirtió que "el gobernador José Alperovich y las autoridades de la CPA podrían incurrir en el delito de malversación de fondos públicos si autorizan la cesión de 170 millones de pesos del Fondo de Garantía de los Seguros para pagar el medio aguinaldo a los empleados públicos".
En este sentido, explicó que "los depósitos de las compañías de seguros tienen un fundamento técnico y legal, que busca garantizar que las personas físicas o jurídicas que confiaron en ellas tenga un respaldo financiero para hacer frente a eventuales siniestros. En otros términos, la fortaleza financiera de una entidad como la CPA está dada por la confianza que puede brindar la misma para pagar sus compromisos", acotó.
Según Cano, "sólo a un trasnochado pensador se le puede ocurrir que, sin un previo análisis de los actores que la componen su cartera, se pueda anunciar de la noche a la mañana y por intermedio de los medios de prensa que se pretenden canjear esos depósitos - que además están controlado por la Superintendencia de Seguros de la Nación- por Letras de Tesorería de la Provincia de Tucumán. ¿Cuál es la confianza futura para un ciudadano que tome la decisión de contratar con la entidad financiera provincial si el respaldo por un futuro siniestro dependerá del canje de esos valores?", inquirió.
Cano consideró que "Alperovich, en lugar de recurrir a estos oscuros mecanismos, debería explicarle a la sociedad por qué desaparecieron119 millones de pesos al cierre del ejercicio 2010. El dato no surge de mi imaginación, sino del Acuerdo 2598-12 del Tribunal de Cuentas", aclaró.
El opositor consideró que "lo que el proyecto oficialista desnuda es la improvisación y la falta de prolijidad de quien dice trabajar fuerte para los tucumanos".
Finalmente, Cano dijo que “Ernesto Padilla no creó la CPA para enjuagar los desmanejos de gobernadores irresponsables. Es una entidad autárquica integrada al sistema financiero con orientación económica y social claramente determinada. Sólo puede realizar préstamos al Gobierno y a las municipalidades hasta el 25% de su reserva técnica. En ningún caso puede destinar los fondos de garantía de los seguros”, recalcó.
A su turno, el legislador provincial Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), dijo que con esta decisión de apelar a fondos de la CPA para cubrir erogaciones salariales, el Gobierno "posterga con ello nuevamente la decisión de llevar a cabo una administración ordenada, transparente y responsable de la cosa pública".
Además, consideró que "Alperovich debe explicarles a los tucumanos qué ha hecho con los 60.000 millones de pesos que ha administrado desde que asumió la Gobernación. En lugar de rebanarse los sesos con ingenierías financieras incomprensibles, lo que esperamos de él es que conduzca la provincia de una manera más austera y equilibrada", concluyó Bussi.
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