La votación, que se preveía se prolongaría hasta bien entrada la madrugada, era el último paso legislativo necesario para ratificar la norma, después que el Senado le diera su visto bueno el martes pasado tras una polémica sesión que marcó la fractura que existe en el país sobre cómo afrontar la impunidad y los pedidos de justicia por lo sucedido en ese período.

La idea del oficialismo era promulgar la norma antes del 1º de noviembre, plazo decretado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para la prescripción de los crímenes como violaciones, secuestros, asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por representantes del Estado entre 1973 y 1985.

El proyecto de ley consta de cuatro artículos y apunta a restablecer “la pretensión punitiva del Estado” para todos estos delitos, además de declararlos como “crímenes contra la humanidad de conformidad a los tratados internacionales signados por Uruguay”, y convertirlos así en crímenes imprescriptibles.

Para la oposición, esta iniciativa busca derogar implícitamente la Ley de Caducidad, norma que puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura.

La ley fue refrendada por la ciudadanía en dos plebiscitos, el primero en 1989 y el segundo en el 2009, este último impulsado por el Frente Amplio.

Los opositores a la iniciativa señalan que con la norma se vulnera la democracia al pasar por encima de lo decidido en las urnas por el pueblo uruguayo, además de fomentar el enfrentamiento por remover el pasado de forma innecesaria.

Además, también acusan al Frente Amplio de “maltratar” a las minorías parlamentarias por haber usado su mayoría en ambas Cámaras para impulsar el proyecto con el fin de ser aprobado de forma urgente y sin el tiempo debido para realizar un debate en profundidad.