En un polémico fallo duramente cuestionado por sus implicaciones políticas inmediatas, una magistrada uruguaya envió a prisión a los padres de un menor de 15 años que cometió varios robos a mano armada, porque “no hicieron nada para evitarlo, aunque tenían conocimiento de la situación”. La magistrada Adriana Graziuso, de la ciudad de Maldonado, 150 kilómetros al este de Montevideo, dispuso el procesamiento e ingreso a prisión de “RA” y “AB”, acusados de un delito de “omisión de los deberes inherentes a la patria potestad”. Esta es la frase del fallo que despertó críticas, porque así expresado parece indicar que los padres van presos “en remplazo” de la condena que le correspondería al adolescente.

La pareja tiene un hijo de 15 años que cometió varios robos contra comercios de la ciudad, colindante con la lujosa Punta del Este. Según fuentes judiciales, de la investigación surgió que los padres sabían que su hijo tenía un arma y la madre, incluso, le prestaba una motocicleta de su propiedad para que el menor cometiera los delitos.

Al ser consultados por la jueza por cómo reaccionaron al encontrar el arma de fuego en poder de su hijo, los padres sólo se limitaron a decir que le pidieron que la devolviera. Esa actitud llevó a la fiscal Stella Lorente a pedir el procesamiento sin prisión de ambos. Pero la magistrada entendió que había “omisión a los deberes inherentes a la patria potestad”, y decidió enviarlos a prisión.

Según penalistas consultados por los medios uruguayos, la jueza habría incurrido en un “yerro intencional” al presentar el caso como si, a falta de posibilidades legales de imputar al chico, se tomara una “especie de revancha”, enviando a la cárcel a sus padres. Si estos sabían que el menor tenía un arma y si es real que la madre le prestaba su vehículo para que saliera a robar, entonces, además de la omisión de deberes inherentes a la patria potestad, “RA” y “AB” son responsables de instigación al delito, doblemente agravado por el vínculo (era a su hijo a quien enviaban a delinquir).

El caso se da en medio de una creciente sensación de inseguridad ciudadana y una polémica por la iniciativa de los sectores de extrema derecha política –el Partido Colorado liderado por Pedro Bordaberry, hijo del ex dictador Juan María Bordaberry, y el sector del Partido Blanco conducido por el ex presidente Luis Alberto Lacalle– de imponer políticas de “tolerancia cero” y “mano dura” y reducir la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. Es por lo que agrega a esta campaña que algunos juristas hablaron del “yerro intencional” de la jueza. <