Ante la solicitud de acceso a la información realizada por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo informó que el Estado gastó esa suma en la contratación del Estudio Jurídico ‘Folley Hoag LLP‘ para la defensa del país ante el tribunal internacional.

Según el memorándum entregado por la Cancillería del vecino país, esa cifra incluye los honorarios y gastos relativos a la referida contratación, mientras que a esa cifra se deben agregar otros 261.805 dólares en concepto de traducción de documentos.

Por su parte, el Gobierno argentino aún no informó sobre sus gastos totales en la contratación de su equipo de letrados durante el juicio, proceso que finalizó el pasado 20 abril, cuando se emitió el fallo.

No obstante, se sabe que hasta noviembre de 2007, días antes de que asuma Cristina Kirchner la Presidencia, se llevaban gastados 500 mil dólares en ese sentido.

En aquel momento, la Cancillería informó por última vez lo que se llevaba desembolsado en gastos por el juicio contra el país vecino, luego de un pedido expreso de la por entonces presidenta electa para levantar la medida ‘de reserva‘ que pesaba sobre la demanda contra Uruguay.

Una semana después de conocido el fallo, el pasado 27 de abril, la diputada nacional del Peronismo Federal Cristina Cremer de Busti pidió al Gobierno nacional -mediante un proyecto de resolución- que brinde detalles de las pruebas que presentó la Argentina contra Uruguay durante el juicio.

En un apartado del proyecto, la legisladora reclamó también datos sobre los gastos y honorarios abonados a los representantes legales y patrocinantes del Estado argentino.

Por su parte, la información que suministró el gobierno uruguayo había sido solicitada por CAinfo el 24 de julio de 2009 a instancias de un periodista, pero en esa oportunidad la cancillería oriental no hizo lugar al pedido, declarando de carácter ‘reservado‘ todo dato o información en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado directa o indirectamente al juicio en La Haya.

Tras una instancia judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo se comprometió a brindar la información una vez que cayera la reserva.