Ramiro Barreiro.

Al cierre de esta edición, el Parlamento uruguayo discutía un proyecto de ley que no convencía a nadie. Se trata de la iniciativa que busca despenalizar la interrupción del embarazo. Se trataría de la primera nación en consagrar ese derecho en Sudamérica, pero el espectro político se manifestó disconforme con la proclama que sufrió modificaciones luego de la aprobación de la Cámara Alta, en diciembre pasado. Se trata del segundo intento legislativo de concretar la medida tras una iniciativa similar fracasada en 2008, cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez vetó la ley sancionada.

El proyecto original, impulsado por el Frente Amplio, establecía la figura de un objetor de conciencia, copiada del derecho alemán y que comprende el rechazo al cumplimiento de una ley por considerarla contraria a las creencias éticas o religiosas de un individuo. Sin embargo, la iniciativa fue modificada en la Cámara de Diputados y el partido gobernante debió negociar una versión alternativa con el Partido Independiente. La nueva propuesta establece que la mujer sujeto de derecho debe entrevistarse con un equipo interdisciplinario integrado por tres profesionales y tomar cinco días de reflexión antes de que se concrete la operación. El acuerdo político podría terminar en ley durante esta madrugada y, en consecuencia, el escrito volvería al Senado para que este convalide los cambios.

A pesar de la gélida jornada montevideana, organismos a favor y en contra se manifestaron en el centro de la ciudad mientras los legisladores discutían la nueva norma (muchos de ellos argumentaron su posición y se retiraron del recinto esgrimiendo que lo hacían por "actitud disciplinaria partidaria").

La Mesa Coordinadora Nacional por la Vida realizó una marcha en rechazo a la propuesta, al considerarla "un atentado contra el ser humano". El Padre Marcelo Copetti, vicerrector de la Universidad Católica uruguaya expresó a Tiempo Argentino que "las modificaciones de alguna manera flexibilizan la ley y conceden cosas como la exoneración de instituciones religiosas de salud, como el Círculo Católico de Obreros y el Hospital Evangélico, a practicar abortos". El religioso también aclaró que "estamos en contra de la desaparición del objetor de conciencia y por otra parte, desde el punto de vista legal, es el único caso que existe en el que algo que está tipificado como delito después que la persona lo piensa durante cinco días se convierte en derecho". Y opinó: "Hay un crecer de la falta de conciencia sobre el valor de la vida humana y entendemos que esto va de la mano porque así podemos eliminar una vida humana y es un mensaje peligroso".

La organización Mujer y Salud Uruguay realizó una performance con 25 mujeres en la puerta del Parlamento que se desnudaron para "ponerle el cuerpo a la causa", según manifestó Alejandra López. Con respecto al proyecto, la mujer dijo a Tiempo que "no despenaliza el aborto, porque no lo saca del Código Penal, o sea, sigue siendo un delito. Lo que hace es habilitar mecanismos y condiciones para que antes de las 12 semanas una mujer pueda acceder a la interrupción, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos". Y opinó: "Nos parece que el aborto siga siendo un delito no es un tema menor desde el punto de vista jurídico y simbólico. Por otro lado, las condiciones no contemplan que una mujer toma noticia del embarazo en la semana quinta o sexta y le quedan sólo seis para tomar una decisión que por lo general se medita y se conversa."

Desde el ambiente legislativo confiaron que el proyecto que se busca aprobar es aquel que Tabaré Vázquez sea capaz de aceptar. «