El gobierno de José Mujica ratificó su apoyo a la Argentina en el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, el territorio ocupado por Gran Bretaña, y explicó que se trató de un “error de nomenclatura” haberlas denominado Falkland en un documento interno de su Cancillería.

La administración del Frente Amplio uruguayo afirmó que la información fue corregida para subsanar la equivocación y ratificó que respalda la posición argentina en torno del conflicto de soberanía que tiene lugar en el Atlántico Sur, tal como lo manifestó en los diferentes foros internacionales en los que participa, y en los cuales apoyó los planteos formulados por el gobierno de Cristina Fernández.

El documento se encontraba en el sitio web de la presidencia uruguaya, pero según consignaron medios del vecino país, el miércoles por la noche fue eliminado, luego de que trascendiera en distintas notas periodísticas.

La Cancillería uruguaya definió ayer la situación como un “error de nomenclatura” y ratificó que “no existe duda alguna acerca de la posición de Uruguay con respecto a la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ni sobre su denominación”. “El error de nomenclatura detectado en el decreto 206/12 se debe a meras causas administrativas que ya han sido subsanadas”, explicó el gobierno de Mujica, que se había adherido a las medidas que se impulsaron desde el Mercosur y la Unasur, como la de no permitir atracar en puertos nacionales a barcos que naveguen con la bandera de las islas Falkland.

La denominación que llamó la atención en la Argentina se registró en un documento oficial del 25 de junio pasado, en el que Uruguay modificó las jurisdicciones de las oficinas consulares del país para adecuarlas a las necesidades de ciudadanos residentes en el exterior.

En ese texto, se aludió a los “territorios dependientes” y se mencionó que para las “islas Falkland”, donde Uruguay no tiene oficina consular, se debía tratar el tema con Londres. Lo mismo ocurría en el caso de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sobre las que la Argentina también reclama su soberanía.

El episodio sucedió además en un momento sensible de la relación bilateral luego de los cruces por la licitación para el dragado del canal Martín García.

En Gualeguaychú, reclaman conocer los detalles del monitoreo

El Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó por unanimidad un proyecto de resolución para reclamar a la Cancillería argentina y a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la difusión de los resultados del monitoreo en la planta de Botnia-UPM de Fray Bentos. Además, solicitó que se evalúe la posibilidad de concurrir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Los concejales expresaron que Uruguay "sigue actuando de mala fe" y plantearon que, una vez conocidos los resultados del monitoreo realizado en forma continua desde hace 14 meses, el Congreso deberá evaluar si es necesario que se recurra por segunda vez a la justicia internacional. Integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, entidad que encabezó la lucha contra la instalación de papeleras en el Río Uruguay, presenciaron la sesión.

Hace dos años la Argentina y el Uruguay formaron un comité científico para realizar un monitoreo ambiental de la planta de Fray Bentos. El grupo de trabajo fue coordinado desde la CARU, organismo binacional creado en 1975 para administrar el río compartido. Frente a ello, la Asamblea Ambiental Gualeguaychú denunció la falta de información sobre los resultados del monitoreo.