La norma, impulsada por el gobierno, tuvo el apoyo de la mayoría oficialista del Senado ya que el único senador oficialista que se oponía al proyecto dejó su banca para dar paso a su suplente, quien votó a favor del proyecto.

En las afueras del Parlamento hubo decenas de manifestantes tanto pro como antiaborto que se concentraron durante el debate en la Cámara.

El paso por el Senado, de 31 miembros, era visto como el paso más difícil para el proyecto ya que allí la mayoría oficialista es escueta. Ahora la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados, de 99 miembros, donde también tiene mayoría el gobierno y cuenta con 50 diputados que pertenecen al Frente Amplio.

Con esta ley, el Frente Amplio busca recuperarse después de que el anterior presidente –Tabaré Vázquez– vetara un proyecto similar que había sido aprobado.

Ambas Cámaras legislativas aprobaron la despenalización en octubre del 2008, pero el entonces presidente socialista Tabaré Vázquez (2005-2010), vetó la ley, según dijo por motivos religiosos, originando una crisis interna en el oficialismo. Como la legisladora Mónica Xavier, una de las autoras del proyecto, dijo que insistiría con la iniciativa, Vázquez renunció como afiliado al Partido Socialista. El presidente José Mujica ya adelantó en declaraciones a la prensa que no vetará la ley si es votada por el Parlamento.

El proyecto establece que “toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”.

Ese plazo no se tomará en cuenta si el embarazo es producto de una violación, si está en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran “malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina”.

Los servicios de salud, tanto públicos como privados, tendrán la obligación de realizar el aborto en forma gratuita a las usuarias que lo soliciten. La norma vigente actualmente, aprobada en 1938, pena con 3 a 9 meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, con 6 a 24 meses a quien colabore con el procedimiento, y con 2 a 8 años a quien lo practique sin el consentimiento de la mujer.