El decreto firmado por Urtubey indica que el proyecto sancionado ‘‘quebranta el principio republicano de división de poderes, toda vez que la materia legislada por las cámaras traspasa las atribuciones propias del Poder Ejecutivo provincial, conforme lo establecido por los artículos 140, 144 y 147 de la Constitución Provincial’’.

Al respecto, la Diputada salteña Liliana Mazzone, del Frente democrático, dijo que “con la gravedad que constituyen en Salta los delitos contra la integridad sexual sumado a los crímenes sin esclarecerse de las turistas francesas y otra decena de hechos que llevaron a la sanción de la Ley de Femicidio en la provincia, el Gobernador veta una Ley sancionada por unanimidad por ambas cámaras, y demuestra el verdadero interés que el mandatario tiene por su gente”.

El proyecto de ley, presentado por la diputada provincial Virginia Cornejo, del opositor Partido Propuesta Salteña, había recibido sanción definitiva en la Cámara de Senadores de Salta el pasado 8 de noviembre. La norma establecía, entro otros ítems, la realización de campañas de prevención e información en establecimientos educativos públicos y privados, para la prevención y detección temprana de los delitos contra la integridad sexual. Además, fijaba un protocolo de prácticas institucionales para la asistencia de las víctimas de delitos contra la integridad sexual, y el acceso a una atención interdisciplinaria integral del sistema sanitario.

Mazzone también afirmó que ‘‘es una locura lo que hizo Urtubey porque trabajamos mucho para lograr el consenso y sacar este proyecto aprobado por unanimidad en Diputados y de rápido tratamiento en Senadores’’, y agregó que “es hora que lo que hace el Ejecutivo salteño se sepa en todo el país porque los ciudadanos sienten que Urtubey es cómplice de todos los delitos que suceden”.

“El Gobernador de Salta utiliza los recursos de la provincia para tapar todo lo que pasa y queda claro que le sale mucho más barato que utilizar el presupuesto para ejecutar acciones en pos de mejorar la seguridad del pueblo”, denunció también la legisladora provincial y reiteró que ‘‘esta ley generaba una verdadera política pública de protección a las víctimas, sobre todo a aquellas de muy bajos recursos que están sumidas en la pobreza extrema que vive la provincia”.