En el escrito, los diputados argumentan su decisión en su carácter de legisladores provinciales y en pleno “ejercicio del mandato conferido por el pueblo de la Provincia, el que resultara damnificado del delito que motiva la investigación Fiscal”, contra “la intendenta de la ciudad de Resistencia, Aída Máxima Beatriz Ayala, con domicilio laboral en Av. Italia 150 de la ciudad de Resistencia y/o contra todo aquel que resultare imputado”.

La constitución en querellantes particulares se sustenta en lo previsto y normado en el Art. 89, subsiguientes y concordantes del ordenamiento adjetivo para la materia penal de la provincia. “La presente constitución de querellante se relaciona in totum con la denuncia que, en nuestro carácter de legisladores provinciales electos por la voluntad popular, y en la inteligencia de la salvaguarda de los derechos propios de los ciudadanos que nos confirieran el mandato que ostentamos, fuera oportunamente radicada por ante la Fiscalía de Investigación a su cargo”, sostiene la presentación y agrega: “El tema decidendum de la oportuna denuncia, y actual constitución en parte querellante, radica especialmente en suceso referente a la realización de obras atinentes a la pavimentación de la Avenida Urquiza, en la ciudad de Resistencia, Capital de nuestra Provincia, por parte del Municipio de esta ciudad, obra esta que habría presentado una erogación dineraria superior a los estándares razonables al efecto, sin causal lógica que así lo justificara”.

Concretamente, “el presupuesto de obra municipal se encontraría “incrementado” o si se prefiere al efecto gráfico ,”inflado” en un 24,32 %, en tanto que la oferta ganadora de la licitación celebrada al efecto inmanente ofrece una diferencia de 26,86 % en más”, todo lo cual “excede sobradamente los porcentajes permitidos por la Ley de Obras Públicas de la Provincia”, añade el escrito.

La presentación de los diputados justicialistas sostiene además que el suceso que motiva la investigación fiscal se encuadra, en principio en “los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público; defraudación agravada en perjuicio de la administración pública, y peculado”, previstos y normados en los Arts. 248, 174 Inc. 5 y 264, respectivamente; subsiguientes y concordantes del digesto sustantivo de la materia penal de la Nación.

Los legisladores firmantes, a los que se irán sumando el resto del bloque justicialista conforme transcurran los días, solicitaron además ser tenidos como parte en la causa, y que se les conceda, en consecuencia, “tal intervención en autos, con todas las potestades inmanentes al instituto pertinente”. “Ello en tutela de la efectiva vigencia de la totalidad de los derechos de los ciudadanos del pueblo de la Provincia, quienes soberanos de la voluntad popular nos han conferido el mandato, y consecuente alta responsabilidad, de representarlo”, concluye el escrito.