Otros anunciaban un Apocalipsis al que inexorablemente se llegaba no sólo como consecuencia del malestar financiero, sino también a partir de la formidable caída registrada en la producción agropecuaria.

Esa discusión llevó un año de debates, y mientras ellos transcurrían nuestro producto bruto interno se retrajo. A diferencia del discurso oficial, no crecimos como lo hicieron los demás países del Cono Sur americano. A contramano de la prédica opositora, no nos caímos del mundo. Pero por encima de tales diferencias, si no caímos más, fue gracias a una demanda agregada externa que equilibró la retracción propia, y no a la atención adecuada del problema.

Cuando aquel año concluía y el período legislativo había llegado a su fin, el Gobierno echó mano a las reservas monetarias y constituyó un fondo con el propósito de brindar "tranquilidad y confianza" a los acreedores. Desde ese instante, toda la dirigencia política se encerró en un nuevo debate en torno al modo como debía disponerse de las reservas acopiadas en el Banco Central. En el medio, hubo decisiones jurisprudenciales adversas al Gobierno, una oposición enceguecida que una y otra vez intentó obstruir la política oficial, ministros que negaban los problemas fiscales que obligaban a la toma de esa medida y hasta una presidenta que llamó a una suerte de rebeldía contra las decisiones de los tribunales. Ahora, dos fallos judiciales, con argumentos severamente críticos tanto para el Gobierno como para la oposición, han puesto un punto final a la comedia de enredos que se inició cuando alguien tuvo la mala idea de utilizar reservas monetarias sin participación parlamentaria.

La política argentina tiene enormes dificultades para observar y resolver los problemas centrales que enfrenta. Se encierra en lógicas parciales, se fanatiza en esas posiciones, no distingue entre lo urgente y lo importante y se vuelve incapaz de proponer alternativas superadoras para los conflictos reales que se presentan.

Dos ejemplos ayudarán a explicar mejor lo dicho.

Mientras algunos hablan con estupor de una inflación desatada que podría superar los 25 puntos al concluir el año, hay quienes creen que estamos sólo ante reacomodamientos de precios relativos. Algunos otros, innovadores, por cierto, piensan que todo es consecuencia del crecimiento, como si el hecho de que la economía crezca autorizara en contrapartida la merma real de los ingresos de los asalariados. Hay quienes hablan de inflación y quienes la niegan porque dicen que no se observa un "alza generalizada" de precios, aun cuando el mismo INDEC advierte subas en más del 98% de los productos cuyos precios habitualmente testea.

Los precios se mueven en la Argentina. No hay duda. Sin embargo, todos encuentran razones para utilizar políticamente ese dato sin atender a las causas que determinan esas variaciones.

Aun cuando sea cierto que existe una utilización política del problema inflacionario, es necesario entender que éste debe ser atendido con todo rigor porque se trata de una situación que irremediablemente conduce al deterioro en la capacidad de compra de quienes viven de un sueldo.

Es indudable que poco ayudan los pronósticos alarmistas que a diario se leen en los periódicos del país o que permanentemente salen de las voces opositoras. Con ello, lejos de alcanzarse una solución, el problema se profundiza. Es evidente que las expectativas inflacionarias se promueven por esa vía.

Tampoco ayuda la negación oficial ni la inútil política de precios acordados. Ante los resultados que están a la vista, alguien debería haber advertido en el Gobierno la insuficiencia de esa idea.

¿Quién está pensando en promover la inversión privada para aumentar la competencia entre oferentes? ¿Dónde se están articulando los créditos a los que puedan acceder las empresas para promover sus actividades y mejorar la oferta? ¿Qué políticas existen para controlar la emisión?

De esto, nadie está hablando. ¿De qué se está hablando entonces? Veamos.

La oposición, herida en su amor propio por las sucesivas "derrotas" padecidas, ha intentado ahora infligir un nuevo daño al Gobierno. Ha dispuesto atacar la recaudación del impuesto a los débitos bancarios haciéndola coparticipable. Así, con el alegado propósito de restarle al gobierno central la "discrecionalidad" con que maneja esos fondos, pretende reformar la manera como los mismos se distribuyen, de modo tal que en lo sucesivo las provincias puedan recibir directamente una parte de lo recaudado sin la intermediación del Estado nacional.

Ahora bien, hagamos un poco de memoria. Cuando se discutía la utilización de las reservas para pagar la deuda pública, la oposición decía –con razón– que la verdadera causa que inducía al Gobierno a actuar de ese modo era la compleja situación fiscal que atravesaba. Se decía entonces que el gasto público superaba en mucho los ingresos fiscales y que con ello se generaba un bache que intentaba minimizarse recurriendo a los ahorros para hacer frente a las obligaciones externas.

Si lo dicho es cierto (como lo es) es inentendible que pocas semanas después se pretenda echar mano a los ingresos del Estado nacional porque de ese modo acabarán por profundizar ese bache fiscal que con tanta preocupación observaban tan sólo algunos pocos días antes.

A diferencia de lo que venía ocurriendo hasta aquí, esta vez el Gobierno reaccionó bien. Advertido de su debilidad, convocó a sus bloques legislativos y les dio argumentos para poder enfrentar la embestida opositora. Llamó también a los gobernadores y refutó ante ellos cada una de las razones invocadas por los propulsores de la reforma legislativa.

Si es verdad que la Argentina nos importa, es imposible pensar que en este contexto se pueda echar mano a los ingresos del Estado nacional aun cuando se admita que es necesario dotar de mejores mecanismos a la distribución de esos fondos. Siendo así, sería mucho más útil trabajar por una reforma fiscal sostenible en el tiempo. El régimen de coparticipación, cuya necesidad de revisión es indudable, puede ser el objetivo a alcanzar. Pero para lograr buenos resultados, tal vez sea imperioso buscar una acuerdo que no afecte las urgencias y que empiece a regir en un futuro cercano.

Así se perfeccionan estas reformas en el mundo moderno. Nadie piensa seriamente que sistemas instituidos durante décadas puedan ser modificados de la noche a la mañana. Como ejemplo de lo dicho, basta ver la reforma en la salud que acaba de imponerse en Estados Unidos: comenzará a regir recién en 2014.

Después de tantos sinsabores, los argentinos deberíamos entender la necesidad de promover políticas que sirvan al conjunto antes que a intereses políticos sectoriales. Nuestra propia experiencia da cuenta de lo poco que sirven los éxitos de la coyuntura, tan efímeros como improductivos.

El mundo central aún hoy está conmovido por la crisis sufrida por su sistema financiero y no sabemos bien si un nuevo temblor podrá arrastrarnos a momentos difíciles. El alza sostenida de los precios y la débil situación fiscal son dos problemas que deberían alertarnos e inducirnos a superarlos con mejor criterio que el que actualmente se expresa. Si se prestara atención a lo endeble del presente que nos toca en suerte y se advirtiera que no todos los días contamos con las mismas oportunidades, sería más simple saber distinguir entre lo urgente, lo posible y lo importante.