El ministro Amado Boudou sigue mencionando aquella base sólo para adjudicarse el mérito de una aceptación final que podría alcanzar o incluso superar el 75%. Para asegurarla incluyó ayer un anzuelo extra para atraer el interés de los desconfiados inversores minoristas, que podrán cobrar en efectivo los intereses devengados. El resto deberá conformarse con un bono con vencimiento en 2017.

Con la ingeniería financiera que armó el Palacio de Hacienda, más el fuerte repunte de los títulos, los especialistas calculan que la oferta argentina reconocerá entre 50 y 55% según la categoría de los inversores. O sea que la quita real será inferior al 66,3% nominal que se anunció oficialmente, sólo porque el Gobierno está inhibido - según las condiciones expresas del canje de 2005- de reabrir la operación en condiciones teóricamente más ventajosas para quienes no la aceptaron en su momento. Esto explica además por qué quedó en el camino el reconocimiento de los pagos vencidos del cupón del PBI, que seguramente perturbará a quienes especularon en las últimas semanas con estos títulos. Y tal vez aleje la posibilidad de que los bancos aporten dinero fresco mediante la suscripción de un nuevo bono.

Aun así, la apuesta del Ministerio de Economía apunta a dos necesidades recíprocas. Muchos inversores quieren sacarse de encima de una vez los títulos impagos, ya sea porque sufrieron demasiado o porque los compraron a precios de liquidación tras el default y ahora buscan realizar la ganancia. A su vez, el Gobierno tiene urgencia por dar vuelta la página del default y explorar la posibilidad de volver a colocar deuda en los mercados externos tras varios años de sequía. De ahí que Boudou haya develado la letra chica con diez días de anticipación a la apertura formal del canje.

Para las empresas grandes y bancos que tienen acceso a financiamiento externo, una alta adhesión al canje será una buena noticia para bajar costos financieros. También para el Gobierno, siempre necesitado de fondos. En la Casa Rosada ya se ilusionan con que, si no aparecen nuevas turbulencias en los mercados (como las que provocó Grecia) será posible endeudarse para financiar gastos corrientes, a tasas que hoy podrían ubicarse ligeramente por debajo de 10% anual en dólares (el nivel de un dígito que obsesiona a Néstor Kirchner), aunque difícilmente lluevan ofertas.

Detrás se encolumnan varias provincias con apremios fiscales, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La idea no sería objetable si formara parte de un plan económico definido. Pero hoy tiene reminiscencias de la demonizada década noventista, si se tiene en cuenta que el único plan es aumentar todo lo posible el gasto a pesar del resucitado déficit fiscal del sector público.

Para el ministro Boudou, salir del default parece una meta, cuando en realidad es un punto de partida. A pesar de la euforia oficial, el actual nivel de riesgo país de la Argentina sigue siendo casi tres veces más alto que el de Brasil, cuatro que el de Perú y México y cinco que el de Chile. Bajarlo a estos niveles implicaría ocuparse de lo que el kirchnerismo no quiere: recuperar la confiabilidad del Indec, el equilibrio fiscal y la moderación monetaria para frenar la inflación.