El secretario general del gremio, José Niz, reconoció que el funcionamiento de la obra social de los estatales chaqueños es uno de los temas de mayor preocupación para los afiliados, porque se relaciona estrechamente con el ejercicio del derecho a la salud de rango constitucional. Por eso recordó que en el acuerdo suscripto con el gobierno a fines de agosto último, el gremio comprometió al Ejecutivo que impulse y respalde el nuevo régimen previsional. “La obra social es sostenida con el aporte de todos los trabajadores y no podemos permitir que para acceder a los servicios que nos presta tengamos que sufrir en nuestros bolsillos el cobro del “plus”, que se incrementa en forma evidente según la cantidad de estudios que fueren necesarios realizar para recuperar la salud”. El dirigente entiende que esta cuestión debe ser abordada con una visión integral, y consideró que resulta de vital importancia el tratamiento del proyecto de ley de un nuevo régimen previsional, obra social, alta complejidad, seguros, préstamos y subsidios reintegrables, que “fue elaborado en su totalidad por el Plenario de la Comisión de Estudio y Análisis de la Ley 4044, conformado por sindicatos, asociaciones de jubilados, pensionados y retirados y todas aquellas entidades que nuclean a afiliados al Insssep que han desarrollado sus actividades, conforme la convocatoria realizada por el gobernador por decreto 2953/08”. En plenario “El plenario elaboró una auténtica ley previsional para los trabajadores, que prevé un organismo con administración y gobierno con la directa participación de los afiliados, con un rol decisivo en la conducción y fiscalización como un avance hacia la autogestión, ya que fortalece la democracia participativa al incorporar el consejo asesor, institucionaliza la acción permanente y constante de los afiliados con sus propuestas y aportes y permite al órgano de conducción ejecutar un trabajo pleno y consensuado con los destinatarios de sus decisiones”, expresó. Por último manifestó que “nuestra realidad exige la definición de una política de seguridad social basada en la protección de los derechos de los usuarios y beneficiarios ante la ausencia del rol que debe cumplir el Estado como custodio y garante del sistema. Corresponde que todos unidos respaldemos y exijamos la sanción del proyecto de ley elaborado por los trabajadores, que propicia desde la modificación a la actual legislación una solución a los problemas que se plantean en este momento y que afectan directamente a los afiliados”.