Con el dictado de la reglamentación de la ley 6.655 , por Decreto 1249/2011, el Ejecutivo finalmente mostró sus verdaderas intenciones en relación con el recurso humano precarizado, afirmó Niz, y agregó que lejos de establecer acciones efectivas para que todos los trabajadores gozarán de estabilidad en el Sector Público, adelantó su posición, basada en que sólo “algunos beneficiarios de programas de empleo serán incorporados a la planta permanente del Estado”, para continuar incrementando la discriminación negativa entre personal contratado, personal transitorio y jornalizado respecto del personal becado, jornalizado, conveniado y programas de otras modalidades.

Resulta llamativo, manifestó el dirigente, que un gobierno que sostiene una línea “discursiva” de inclusión laboral con igualdad de oportunidades, consigne en forma expresa que el ingreso del personal becado, PEL, PIL, FOCO, y otros programas etc, se encuentra condicionado a que queden cargos necesarios no cubiertos por personal de planta permanente y ni por personal contratado.

Es decir que, personas que hace años están trabajando sin ningún tipo de cobertura, con magros sueldos, sin obra social, cumpliendo una jornada legal horaria y con las mismas responsabilidades que el personal de planta, tengan un trabajo estable y digno solamente si “sobran” cargos que el Ejecutivo unilateralmente determinará en base a relaciones técnicas.

Esto desnuda una realidad, expresó Niz, que el Sindicato ha venido denunciando constantemente, que el gobierno desconoce totalmente la cantidad exacta de personal precarizado que existe en la provincia y la capacitación de ese recurso, por que nunca se abordó con seriedad esta problemática y hoy se ven los resultados negativos de la ausencia de políticas activas en esta materia.

El Ejecutivo – a través de la reglamentación de la Ley- tenía en sus manos la importante responsabilidad de instrumentar una verdadera transformación del Estado, basada en una política de ordenamiento del recurso humano con una visión de inclusión laboral e igualdad de oportunidades para todos los precarizados, pero, oposición a tales principios, el Decreto prevé dispositivos que irán en desmedro de aquellos que sólo tienen la oportunidad de ingresar al proceso de pase a planta porque su designación se sujeta a relaciones técnicas basadas en tasas de usuario y a disponibilidades presupuestarias, conceptos que solamente tienen en cuenta variables económicas y no la necesidad de muchas familias que hoy dependen del magro sueldo de un becado, de un jornalizado o de un conveniado, que el Gobierno no puede desconocer que con su esfuerzo mantienen los servicios y hoy quieren privarlo de su futuro, ratificó el dirigente.

Más grave aún –continuó el Secretario General de UPCP es expresar “a priori” que hay trabajadores que no van a ser designados en la planta permanente del Estado, pero que se los va a considerar prioritariamente, siempre y cuando se sometan a concurso de antecedentes y oposición, en el mejor de los casos o sino alternativamente y de manera optativa podrán insertarse en el Sector Privado o recibir subsidios para micro emprendimientos dejando claro que pierden su derecho de pasar a planta y que todo el tiempo entregado al Estado no ha servido para nada porque ni siquiera aportes jubilatorios ha realizado el Estado.

En vez de respetarse la dignidad y de proveer desde el Estado medidas garantistas de los derechos de los trabajadores, se han diseñado instrucciones que violan su derecho al acceso al proceso de pase a planta.

Además se ha omitido el tratamiento del personal discapacitado y de aquellos que tienen familiares discapacitados, a pesar de que la ley expresamente prevé una prioridad para ellos, cuando en el Proyecto aportado por esta institución no sólo se los consideraba sino que se establecían los mecanismos para la correcta ejecución del derecho reconocido por la ley 6.655

Dejo claro también el dirigente, que UPCP no respaldará la reglamentación dictada, porque no respeta la igualdad de acceso ni el derecho a la estabilidad laboral, ni toma en cuenta las necesidades institucionales de las distintas jurisdicciones que conforman el Estado Provincial, además de inobservar el plazo de inicio de la ejecución del proceso de pase a planta, que estaba previsto para el 1 de enero de 2011.

El trabajador está dispuesto a esperar pero no permitirá que el gobierno le quite su derecho a trabajar y a la estabilidad simplemente porque no cierran variables económicas, esto es un problema social no económico, que es lo que las autoridades deberían entender porque son los responsables de velar por el bienestar del pueblo, expresó Niz.

Aseveró el Secretario General de UPCP, que la entidad sindical no acompañará medidas que profundicen la marginación de ciertos trabajadores y la exclusión, por lo tanto, ha tomado la medida de acción definiendo paro de actividades para los días jueves 30 del corriente mes y viernes 1de julio con asistencia a los lugares de trabajo en el área metropolitana y sin asistencia en el interior de la provincia garantizando guardias mínimas, medidas que serán ratificadas mañana en Asamblea de Cuerpo De Delegados, concluyó.