Esta medida llega a partir del cruce de opiniones de la clase política chaqueña que “demuestran que a la hora de dar respuesta a los trabajadores, son más importantes los intereses partidarios que el interés general”, sostuvo el dirigente.

“Necesitamos que el poder político y algunos sectores insensibles se pongan en el lugar de los trabajadores y que sientan lo que sentimos cuando nos enfrentamos a una realidad que no hace más que robarle diariamente el futuro a los que prestan servicios en situación de precariedad laboral. En este fuego cruzado los que pierden son los empleados precarizados y de planta, porque desnuda la explotación de los trabajadores que prestan servicios en el Estado, que por 300, 600 o 1000 pesos, sostienen los servicios cuya responsabilidad de prestación y continuidad le corresponde a las autoridades que representan al pueblo”, manifestó.

Inclusión laboral

Niz insistió en que “exigimos una ley de inclusión laboral con igualdad de oportunidades y transparencia en un proceso de pase a planta que es indispensable para sentar las bases de un Estado ordenado, con respeto a la carrera administrativa, despolitización del empleo público, y eliminación de los contratos basura”. En este contexto “el Ejecutivo asumió un compromiso con todos los precarizados y ahora le corresponde conducir este proceso para que se concrete una ley que brinde estabilidad a las diferentes modalidades de prestación que existen en la administración, ya sea becados, jornalizados, contratados de locación de obra, beneficiarios de programas, entre otros”.

Explicó que habla de un proceso que debe conducir el gobierno porque no solo es aprobar la ley sino que a partir de ella se deberán analizar y evaluar las estructuras orgánico funcionales, las bajas por retiro o jubilación, los futuros concursos de promoción del personal de planta permanente, la dotación necesaria en las diferentes jurisdicciones para proceder a la cobertura de los cargos inferiores del Escalafón, las necesidades y los servicios, la disponibilidad presupuestaria y muchos otros conceptos.

El secretario general Niz lamentó que las autoridades pretendan confundir a la comunidad alsostener que pretenden retirar el proyecto. “El Ejecutivo perdió competencia desde el momento que tomó estado parlamentario el proyecto y ahora corresponde a los diputados definir si quieren revertir una historia de inequidades o archivar la esperanza de 20.000 precarizados el próximo miércoles”.

Por último dijo que “este proyecto de ley fue enviado con el espíritu de regularizar al personal precarizado de la administración central, entes descentralizados y autárquicos y no extender sus efectos a quienes no están comprendidos en esta medida como docentes y policías. Esta medida comprende al Escalafón General y no a sectores que tienen sus propia legislación”.