"Estamos mal, en alerta amarilla, no muy lejos de 2001-2002", definió el titular de la delegación local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), César Trujillo, a la situación actual del sector en Mar del Plata.

"Venimos manifestando -dijo en diálogo con LA CAPITAL- que estamos sorprendidos porque pensamos que con la obra pública no íbamos a tener ningún inconveniente, pero la semana pasada despidieron a 70 compañeros de las obras en la estación ferroautomotora".

Otra situación de despidos y suspensiones en obras públicas se registró en "la zona de los Acantilados, con las obras necesarias de defensa costera, donde despidieron a 30 compañeros", señaló el gremialista.

En ambas ocasiones, las empresas -de acuerdo a lo manifestado por Trujillo- adujeron "falta de pago, desde hace 6 meses por parte del Estado y entonces decidieron cesantear a los compañeros".

Otro de los parates estatales, en materia de obras, surgió en "la ruta 226, dónde también suspendieron por falta de pago" y estimó que en total tienen "unos 300 compañeros despedidos en las últimas semanas. Estamos mal, en alerta amarilla, pero en realidad no pensamos que el parate sería tan de golpe". Y explicó que una de las obras que "ni comenzó es la de los desagües pluviales".

La Uocra local, que abarca localidades vecinas como Miramar, Pinamar y Villa Gesell, cuenta con un padrón activo de "unos 10 mil trabajadores", informó el dirigente gremial y detalló que el gremio de la Construcción en Miramar cuenta con "un 70 por ciento de desocupados".

"Parate de golpe"

Aunque casi en cada calle marplatense se pueden observar distintas obras en construcción, Trujillo se quejó porque también se paralizaron las inversiones privadas como consecuencia de las medidas gubernamentales de pesificar las operaciones inmobiliarias.

"Hubo un parate de golpe y no hay inversión privada -señaló-. Nosotros trabajamos mucho con la inversión privada, aunque la pesificación del mercado inmobiliario también ha significado que obras que se estaban encarando se frenen".

En ese sentido, reconoció que "es cierto que vemos muchos 'pozos' (excavaciones que hablan de futuros edificios), pero sólo eso existe, porque de construcción cero y no toman más trabajadores" y analizó que "lentamente se está produciendo un desaceleramiento de la construcción por demás peligroso y es que los obreros son quienes comienzan a pagar los platos rotos".

Aunque destacó su función sindical, aseguró que "no hay ventas de departamentos privados" y estimó que ese parate comenzó a producirse por "el cepo al dólar. No estamos en el negocio inmobiliario, pero el tema de pesificar hizo que no se sumaran más inversiones".

En cuanto a la reincorporación de los obreros despedidos, Trujillo aseguró que "hasta que las empresas no cobren, el personal no va a retornar. Ayer (por el viernes) empezamos con los pedidos de audiencias, porque tenemos que solucionar esta situación a los trabajadores".

"Estamos muy preocupados -confesó-, no estamos lejos del 2001-2002, hay muchos compañeros desocupados. La puerta del sindicato es un termómetro, todas las mañanas hay compañeros con oficio pidiendo trabajo".

Aunque no pudo precisar cifras, consideró que "hay bastantes desocupados" y reiteró que en Miramar, el nivel de desocupación alcanza al "70 por ciento". Y en otras localidades como Pinamar y Villa Gesell, las "obras se están terminando y no hay nuevas, no hay actividad en la industria".

Trujillo también adelantó que mañana comenzarán con "los trámites necesarios para intentar reactivar, pidiendo reuniones en Buenos Aires, en el Ministerio de Infraestructura, para ver qué nos dicen. Estamos preocupados, pero lo trataremos de solucionar".

Asimismo, el gremialista se mostró "esperanzado con las nuevas obras que van a empezar, como las de la Vieja Terminal, las torres del arquitecto (César) Pelli en la costa y la Ciudad Judicial, aunque con esas falta mucho todavía".

Plan de mejoramiento e integración de la red de rutas provinciales

El gobernador bonaerense Daniel Scioli y el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, terminaron de delinear un plan de mejoramiento e integración de la red vial a través de un sistema de concesiones, para la prestación de servicios públicos en rutas de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo es crear un anillo en una parte neurálgica de la red vial que integra unos 1.800 kilómetros de caminos, haciendo énfasis en algunas rutas que por su sensibilidad, como la ruta 41, la 51, la 74, la 65 y la 86, permitirían una conectividad con las rutas nacionales como la 3, la 5, la 8, la 7, la 2 y la 11 provincial.

?Esto nos permitiría avanzar en la creación de un sistema integrado y ganar en grados de conservación, mantenimiento de caminos pero también de prestación de servicios en ruta?, precisó Arlía en un comunicado, en alusión a las concesiones y a los controles de cargas de camiones con un mayor nivel de rigurosidad para mejorar el estado y la seguridad vial.

Con esta iniciativa, el ministro remarcó que ?se busca que cada pasajero o transportista se encuentre con un sistema mucho más confortable de viaje, ganar tiempo en los traslados, seguridad y calidad ambiental?.

Se trata de la concesión de un servicio público por medio de un esquema que incluye a un Estado presente, que regule e intervenga para asegurar la calidad de las prestaciones.

?Es un servicio integral en el cual buscamos la interacción de lo público y lo privado para lograr mejores carreteras, con la experiencia que se tiene en la Argentina con más de 10.000 kilómetros de rutas nacionales concesionadas en 13 provincias y también con la experiencia de otros países?, señaló Arlía.

?En la provincia de Buenos Aires tenemos el desafío de mejorar nuestra infraestructura, sostenerla en el tiempo y, básicamente, que la gente pueda circular con una mayor comodidad en rutas en mejor estado, y mejorar la competitividad de nuestra producción a través del tránsito para seguir creciendo?, agregó.