Hace sesenta días que los 2 mil auxiliares enrolados en la seccional Esteban Echeverría, Ezeiza y San Vicente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no cobran sus sueldos, y todo parece indicar que hasta que no se resuelva la polémica reforma impositiva provincial la solución está lejos de llegar. Según esa central obrera, la propia titular de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), Silvina Gvirtz, confirmó que la administración bonaerense tiene un rojo en el sector que sólo podrá solventar renovando sus fuentes de ingresos.

Así, estiman que hasta que salga la ley, son 60 mil los trabajadores estatales afectados por la decisión del gobierno de Daniel Scioli de cesar los pagos, lo que podría trasuntar en un desdoblamiento de los sueldos, en decir, el abono de los salarios en dos partes. En diálogo con LA TERCERA, la secretaria adjunta de la seccional tripartita, Inés Vargas, sostuvo que una de esas fracciones sería abonada en una cuasimoneda provincial, como los Patacones que circularon en 2002. Sin embargo, la ley enviada a la Legislatura prevé en realidad una forma especial de bonos que no tiene como usuarios a los empleados públicos sino a los proveedores con capacidad para diferir compromisos.

“Ayer mantuvimos una reunión con un asesor de la Ministra. Dijo que nos citarán nuevamente la semana que viene. Nuestra respuesta fue que si no hay soluciones para los tres distritos, estamos cortando la Autopista Ricchieri”, afirmó la dirigente.

Pero la situación impacta también sobre el alumnado, ya que de acuerdo a lo que sostuvo Vargas, los proveedores del servicio alimenticio escolar están discontinuando la entrega de las viandas correspondientes a cada día de la semana, reemplazándolas por raciones de mate cocido y pan.

En su caso, los concesionarios de esa prestación registran atrasos en los pagos de hasta seis meses. El titular de la Asociación Bonaerense de Prestadores de Servicios a Comedores Escolares y Afines (Abpscea), Héctor Acevedo, sostiene que existe una “millonaria deuda” impaga, a raíz de la cesación de la cadena de pago en octubre de 2011 y que continúa hasta la fecha, que alcanza los 400 millones de pesos, lo que conlleva al desabastecimiento de mercadería en las empresas

A través de una misiva a los medios, Acevedo explicó que tras una reunión con las autoridades provinciales, con quiénes aseguró tener una relación “excelente”, la respuesta fue la misma que para los auxiliares: “No hay plata”. Sin embargo, el planteo de los proveedores fue lograr un “compromiso de pago” de, al menos, un meses de los adeudados y renegociar el resto, para no aplicar medidas de fuerza.

El acuerdo no se logró y los mayoristas recortaron el almuerzo día por días, en señal de protesta, hasta suspender su entrega definitiva esta semana, afectando a 2,6 millones de niños y niñas.