Se ha intentado conseguir una cita con Cristina Kirchner -por intermedio del embajador Ginés González García-, pero hasta anoche no había prosperado. La segunda opción sería la entrega de una carta formal a la Presidenta, que en las últimas horas redujo al mínimo su agenda en Chile e incluso se negó a confirmar una reunión bilateral con el anfitrión, Sebastián Piñera.

El documento incluirá los proyectos de acuerdo existentes en el Congreso sobre la situación de Apablaza, acusado en Chile por el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán y el secuestro del directivo del diario El Mercurio Cristián Edwards, ambos en 1991, durante el gobierno democrático de Patricio Aylwin. Por estos hechos, Chile ha solicitado la extradición del ex guerrillero para que comparezca ante la Justicia por su responsabilidad como jefe máximo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Ese grupo extremista de oposición a la dictadura del general Augusto Pinochet siguió cometiendo tropelías después de la llegada de la democracia.

Apablaza había sido detenido en Buenos Aires, en 2004, pero fue liberado poco después. Esta semana la Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición pedida por Chile, pero la ejecución de esa orden está condicionada a una decisión de un comité dependiente del Poder Ejecutivo: debe resolver si le otorga o no el estatus de refugiado político. Fuentes de la Casa Rosada anticiparon que la decisión de Cristina Kirchner será aprobar la protección de Apablaza, que vive actualmente con su familia en el partido bonaerense de Moreno (ver aparte).

La acción de los partidos políticos, según cuentan fuentes del oficialismo local, busca informar convenientemente a las autoridades argentinas sobre los crímenes, por cuanto se han escuchado declaraciones llamativas como las del diputado kirchnerista Carlos Kunkel o la propia declaración de distintas agrupaciones de derechos humanos, incluida la Asociación Madres de la Plaza de Mayo, en las cuales se legitima el actuar de Apablaza Guerra en función de su lucha contra la dictadura pinochetista.

Convocatoria

Para eso, Juan Antonio Coloma, el presidente de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) -el partido fundado por el asesinado senador Guzmán-, convocó a los presidentes de los partidos de la oposición, principalmente de la Concertación, para que se sumaran a la misiva.

"Hago un llamado a la presidenta Cristina Kirchner a conceder la extradición a quien aparece como responsable del asesinato de un senador. Parte importante de las relaciones diplomáticas constructivas entre países es hacer causas comunes frente a crímenes que afectan a cualquiera de esos países", señaló Coloma.

"Este es un tema que no sólo interesa a la UDI, es el asesinato de un senador y esperamos que el gobierno de Cristina Fernández confirme la resolución de la Suprema", dijo el presidente democristiano, Ignacio Walker, confirmando su apoyo al alegato.

"El Partido Socialista ha luchado por la verdad y justicia, me sumo a la petición", añadió el presidente socialista y ex ministro de la presidenta Michelle Bachelet, Osvaldo Andrade.

La causa por el asesinato de Guzmán fue reabierta hace dos semanas por la justicia chilena, luego de que uno de los imputados, Mauricio Hernández Norambuena, ratificara desde un presidio de máxima seguridad en Brasil la responsabilidad de la cúpula del movimiento liderado por Apablaza.

El gobierno de Sebastián Piñera retomó entonces las gestiones diplomáticas para destrabar la extradición, lo que coincidió con el fallo de la Corte Suprema. Esos reclamos habían sido también intensos durante la gestión anterior, de Bachelet.