En diversos ámbitos se ha discutido en repetidas oportunidades si las universidades deben aceptar o no fondos de las empresas mineras. La bióloga Nancy Giannuzzo, profesora de Contaminación Ambiental de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, manifestó que "el debate sobre universidad y mineras se enmarca en el vínculo entre universidad y empresas. Hay aspectos éticos involucrados que tienen que ver con el compromiso social de las universidades, con su compromiso como generadoras de conocimiento, con sus funciones docentes, de investigación y de extensión".

Por ello es que consideró que "en algunos sentidos es positivo que las universidades se vinculen con empresas, industrias, entidades gubernamentales, para hacer su aporte directo a situaciones reales de conflictos, y para desarrollar su potencial científico y tecnológico".

Igualmente remarcó que "la universidad tiene responsabilidades y compromisos ineludibles, como el de asumir una posición clara respecto de sus objetivos de aporte al desarrollo regional y nacional". Por lo cual consideró que "en todo caso podrían oficiar de veedoras neutrales, protegiendo su libertad de expresión de posibles subsidios y ofrecer otras alternativas de desarrollo para las comunidades y regiones en las que están insertas, como así también nuevas alternativas económicas para el desarrollo de sus propias potencialidades científicas y tecnológicas".

La minería

En lo que respecta puntualmente a la actividad de las mineras, Giannuzzo manifestó que "la minería a cielo abierto está entre las actividades de mayores impactos, implica un alto consumo de agua y energía, impacta profundamente el paisaje y los ecosistemas, produce afectación del agua y suelo por drenajes ácidos y gran producción de escombros. Afecta la calidad de aire por su gran producción partículas e hidrocarburos e impacta sobre la calidad de vida de las poblaciones".

Debate

La profesional indicó que "todos tenemos una responsabilidad; las universidades no pueden ser cómplices, el debate debería finalizar en la modificación de las leyes de la minería, en la depuración de los sistemas de control y de justicia".