El país ha estado en los últimos años más pendiente que nunca de las cuestiones de género. La mujer, durante siglos reducida al universo de lo doméstico, exigió a través de luchas sociales y políticas el derecho siempre escatimado de acceder a puestos de decisión y a remuneración económica equiparable a la de los varones. Y en los papeles parece que la situación se ha revertido. En los hechos, la realidad indica que siguen vigentes aquellas normas ancestrales por las cuales al género femenino se le exigen mayores pruebas de eficiencia para acceder a los mismos cargos, pues permanece víctima de los mismos prejuicios de incapacidad intelectual y escaso dominio de las emociones, en más de un escenario.

El ámbito social no ha escapado a estos principios de dominación atávica. La violencia doméstica sigue haciendo estragos en los países del primer mundo, y tanto más en aquellos resignados a las sombras y al retraso, donde una vida de mujer vale siempre menos, y puede desaparecer en instantes a manos del fuego o del apedreamiento colectivo. La reclamada igualdad ante la ley sigue demorada, si se quita el lustre de la superficie, el bendito cupo femenino y las leyes antidiscriminación.

Hoy las mujeres cursan estudios universitarios sin mayores escándalos, y la escuela secundaria es tan obligatoria para ellas como para los varones. Sin embargo, un verdadero censo de analfabetismo registraría cifras no siempre gratas. Hay más indocumentadas mujeres que hombres, por lo tanto ellas jamás entraron a una institución educativa, sin que eso represente demasiado pesar para nadie.

En semejante panorama, el mundo de la marginación y la delincuencia abrió para las mujeres puertas más grandes que la educación y la capacitación laboral. Cuando hace años hubiera sido impensable ver a jóvenes mujeres empuñando un arma en un asalto violento a un comercio, hoy ya no sorprende a nadie el género de los delincuentes, ni la violencia manifiesta en los actos que se echaron sobre las espaldas. El mundo del delito las recibió con los brazos abiertos. Las mujeres que antes sólo delinquían en el ejercicio de la prostitución, o -ya mayores- en la administración del lupanar, hoy dirigen bandas renombradas, y han invadido el oscuro mundo del narcotráfico. Para muestra, dos botones.

Los casos

En marzo pasado, el Tribunal en lo Criminal Nº 4, integrado por Gustavo Fissore, Jorge Peralta y Alfredo Deleonardis, condenó a dos mujeres que habían sido encontradas en posesión de cantidades diversas de drogas estupefacientes con fines evidentes de comercialización. La primera de ellas es Cristina Cisterna, un ama de casa de 42 años, que fue ubicada en su casa de Sicilia 3642 con marihuana y cocaína en cantidades considerables: veinte gramos de cada una. Tenía envoltorios, balanza, y había sido fotografiada durante las tareas de investigación protagonizando operaciones de "pasamanos" en el domicilio. En un cajón de su placard había un revolver 22 con cuatro cartuchos, sin registrar.

En la misma ocasión se allanó otra vivienda cercana, Sicilia al 3767, donde Silvana Báez, una peluquera de 44, tenía más de 60 gramos de cocaína, la mayoría de los cuales estaban escondidos en el interior de un taparrollos y disimulados en una caja de cartón. También había fotografías previas. Dijo el juez Fissore: "La solidez de tal prueba cercena cualquier discusión al respecto". Fueron condenadas por el mencionado tribunal a cumplir penas similares. Cuatro años para Báez, y cuatro años con tres meses para Cisterna, ya que se agregó la tenencia de arma.

Por otra parte, en febrero último, el Tribunal en lo Criminal Nº 1, a cargo de los magistrados Hugo Trogu, Aldo Carnevale y Eduardo Alemano, decidió en un juicio oral y público la condena que le correspondería a Silvia Alejandra Escot, quien había sido sorprendida tratando de fugarse de su casa a bordo de un remís, en momentos en que la policía llegaba para realizar la correspondiente requisa ordenada por el juez de garantías. Fue aprehendida en ese mismo momento, a pesar de que fuera llamada por los otros con un alias, con el propósito evidente de desvincularla de la casa, y afirmar que no era una de sus moradoras. En la oportunidad, los agentes habían hallado dos bolsas de cocaína sobre la mesa de la cocina, y simplemente interrogaron a Escot acerca de la existencia de más estupefacientes. La mujer extrajo entonces del interior de sus ropas una bolsa que contenía unos veinte gramos de la misma sustancia, envueltos en nailon color salmón. Por lo tanto, en la práctica la requisa no llegó a realizarse, ya que la sustancia fue entregada voluntariamente.

Por esa razón, fue en vano que el defensor Horacio Ayesa pidiera la nulidad de lo actuado cuestionando técnicamente el procedimiento. Él afirmó que no había cuestiones de peso que sostuvieran el procedimiento realizado en la vivienda de las calles Namuncurá y Hernandarias, y que – en tal caso- la requisa se dirigía a sus moradores. Adujo que no estaba probado que la mujer residiera en el sitio. Intentó además probar que la cantidad de droga secuestrada era solamente para consumo personal, ya que su clienta es adicta, pero el juez Carnevale, a cargo de la fundamentación, afirmó que era imposible que alguien llevara consigo semejante cantidad para consumo personal eventual fuera del domicilio.

Es decir que en este caso, el sistema judicial no hizo lugar a las habituales estrategias defensivas que procuran dejar en la calle a los comercializadores de estupefacientes haciendo uso de los vericuetos técnicos que les permiten perforar el procedimiento buscando una salida rápida. El juez Carnevale prestó escasa atención a los ardides, y se limitó a decir que a su juicio carecían de importancia las cuestiones planteadas por Ayesa. La condena fue similar: cuatro años de prisión por tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, hecho a su criterio ampliamente verificado.

Nuevos negocios

Como indican las cifras, las mujeres están aún fuera de las listas de asesinos seriales, que solamente son hombres blancos. Tampoco son asesinas casuales o por encargo: sólo cometen crímenes pasionales. Integran sí con solvencia las filas del narcotráfico, pero en los escalones que las mantienen alejadas del verdadero poder económico. En las altas escalas de la comercialización de drogas, las figuras masculinas siguen siendo las dueñas del dinero y los contactos. A ellas se les reservan los riesgosos puestos de la distribución al menudeo.

De todas formas, el sistema judicial da cuenta hoy de numerosos casos de mujeres involucradas en una red que aparece cada vez más ligada a otros tipos de delito, como esqueleto de sostén de episodios violentos y redes de prostitución forzada.

Es el sistema legal el que hoy aparece -al menos en los tribunales citados- dispuesto a quebrar el silencio que rodeó durante años a las mafias de la distribución, donde parecía que ningún fiscal y menos un magistrado estaba dispuesto a ponerle el cascabel al gato, en un ámbito donde la circulación de dinero fresco hace que se silencien la mayoría de las voces. Dos cuerpos colegiados procedieron esta vez a la condena inmediata de las involucradas, como para que esta vez sí sirva detallar el pronombre. Más allá de los numerosos pedidos de prisión domiciliaria, que se escudan en el necesario cuidado de los hijos, la fuerza de la ley cayó sobre todos, y todas.