La Unión de Industrias Riojanas (UNIR) La Rioja se mostró cautelosa tras la audiencia de conciliación celebrada anteayer en la Corte Suprema por el conflicto por los bonos fiscales.

La cámara empresaria consideró muy difícil que en este plazo de 90 días dado por la Corte las partes puedan arribar a una solución consensuada.

“El reclamo de las empresas y de los gobiernos no coincide con las pretensiones de la AFIP que sólo está ofreciendo una moratoria. Las posturas de ambas partes son muy contrapuestas. No veo que nada acerque a las partes. Si bien estamos en un compás de espera para ver si en esos 90 días se encuentra una salida, no se me ocurre nada con lo que se pueda negociar en este momento. La AFIP no va a ceder en su posición y los gobiernos y las empresas tampoco porque de ello dependen los niveles de empleo y de inversión. Es difícil que en esta etapa conciliatoria se pueda alcanzar una solución”, analizó el vicepresidente de UNIR, José Brizuela.

Brizuela lamentó también que este plazo de 90 días fijado por la Corte Suprema dilate aún más la delicada situación que atraviesan las empresas del Parque Industrial.

“Con lo que ha establecido la Corte se plantea una nueva situación. Estamos pasando una instancia en la que se busca llegar a una solución, pero todo esto no hace más que dilatar aún más la situación y eso nos preocupa”, añadió.

Como se recordará, en la audiencia de conciliación realizada anteayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación otorgó un plazo de 90 días para que las empresas promovidas de las provincias de San Luis, San Juan y La Rioja arriben a una solución consensuada con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el conflicto que mantienen desde 2002 por la reexpresión de los bonos de créditos fiscales.

En este marco, Brizuela destacó que las empresas promovidas cumplieron -durante todo este proceso- con todas sus obligaciones de producción, empleo e inversión.

Optimismo final

Pese al escepticismo de UNIR respecto de la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las provincias y la AFIP, la cámara empresaria confía en que si ese acuerdo no se produce, finalmente la Corte terminará fallando a favor de las empresas promovidas.

“Creemos que en caso de que no haya un acuerdo en estos 90 días, directamente se va a pronunciar la Corte y que va a primar la cordura. Si no es por consenso será por decisión de la Corte, En última instancia vamos a tener un pronunciamiento de la Corte que será a favor de la empresas. Hay una razón lógica de mucho peso porque estamos frente a una situación económica en donde están en juego no sólo los niveles de inversión sino también las fuentes de trabajo”, opinó Brizuela.

Luego el empresario criticó la posición de la AFIP al sostener que el organismo fiscal “tiene un afán desmedido de recaudación”. “La AFIP es desmedida en su afán de recaudación a que la Ley 23.658 prevenía la entrega de bonos actualizados que se dejó de aplicar en 2003 . Esa ley cambió todo el sistema. Cuando se declaró la emergencia en el país esa ley dispuso que se prohibían las indexaciones para las obligaciones dinerarias. Pero nada decía respecto de otro tipo de operaciones y por una mala interpretación se incluyó ahí a las empresas promovidas”, indicó.

Finalmente Brizuela añadió que los gobiernos de las provincias de San Luis, San Juan y La Rioja “tienen muy en claro la situación y acompañan el reclamo de las empresas porque saben que es un reclamo en donde les asisten la razón”. “Desde UNIR vamos a colaborar con el Gobierno en esta etapa de negociación”, concluyó.