El radicalismo mendocino amenaza con bloquear el presupuesto 2013 de Francisco Pérez, pero en cambio se comprometió a apoyar dos iniciativas que el gobernador quiere definir en su primer año de gestión: la autarquía del Poder Judicial y la creación de una Agencia de Recaudación.

Néstor Parés, jefe del bloque de diputados de la UCR, señaló que para ambos proyectos solo hace falta que oficialistas y opositores se pongan de acuerdo en los despachos. "Hay que ver la letra chica pero en estos casos nosotros no estamos frenando los proyectos del gobierno", expresó el legislador.

La autarquía y la Agencia de Recaudación figuran en el apretado cronograma legislativo de fin de año y cuentan con apoyo radical casi desde el mismo momento en que el gobernador las anunció. De hecho, las últimas gestiones radicales buscaron en su momento una reforma en el cobro de impuestos y la independencia financiera de la Justicia.

Esta postura política no ha cambiado y Parés remarcó que su demora en la Legislatura no es culpa de los partidos de la oposición, a pesar de que el PJ acusa a la UCR de trabar todo lo que pide Pérez, especialmente en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el PJ dice que los radicales no tienen ánimo de acuerdo y los responsabiliza por la "improductividad" legislativa de los últimos meses.

Negociaciones. En el caso de la autarquía, la definición en la Cámara Baja pareciera depender exclusivamente de que el gobernador y la Corte se pongan de acuerdo en el porcentaje de fondos que se le asignarán al Poder Judicial para afrontar obras, mejoras y paritarias salariales con los empleados.

Tampoco se observa un frente político de disputa en el proyecto de la Agencia de Recaudación. Por el contrario, el proyecto se estancó debido a una pelea que apareció a último momento entre el Ministerio de Hacienda y Sitea, el gremio que representa a los empleados de la Dirección General e Rentas.

Sitea colaboró durante meses en la elaboración del proyecto que eliminará la DGR para crear en su lugar una oficina profesionalizada para el cobro de impuestos. Pero la alianza se quebró cuando los empleados exigieron elevar el fondo estímulo que cobra el personal de la repartición.

El gremio quiere que el fondo para repartir sea del 0,8 por ciento, mientras que el Poder Ejecutivo apenas quiere destinar 0,6 por ciento. Los recursos en juego ascienden a 7 millones de pesos que se repartirían inicialmente entre unos 500 empleados.

"El ministro Costa no cumplió la palabra", denunció este lunes Víctor Dagfal, líder de Sitea. De este modo acusó al titular de Hacienda de haber pedido a los legisladores del PJ a que resistan la embestida sindical por el fondo estímulo en la Legislatura.

Ahora, los de Sitea amenazan con movilizaciones y asambleas que podrían complicar la sanción del proyecto, prevista para antes de la discusión del presupuesto.

De hecho, tanto la Agencia como la autarquía se deben sancionar en Diputados, según el plan oficial, antes de la primera quincena de diciembre.

Ley sin destino

En tanto, la ley de Pérez que no encuentra destino es la de creación de la Empresa Provincial de Energía. El proyecto ya es ley, pero en cambio, el radicalismo está decidido a bloquear la aprobación del estatuto que determinará su funcionamiento.

"¿Para qué quieren la Empresa de Energía si los hidrocarburos los maneja el Gobierno Nacional con Kicillof y Moreno? Es innecesaria", sostuvo el diputado Parés, a pesar de que, antes, la UCR había acompañado con sus votos la creación de la compañía.

Según el oficialismo, por el reparo opositor, Pérez estaría dispuesto a emitir el estatuto por decreto.