El oficialismo, a pesar de algunas grietas, impuso su amplia mayoría en el tratamiento de la llamada “Tasa vial” en primera lectura. Toda la oposición votó en contra (hasta García Elorrio). La semana que viene lo convertirá en ley.
El oficialismo en la Unicameral lo hizo desoyendo la voz de los empresarios del transporte de cargas generales, del transporte de granos, de los Expendedores de Combustibles, del Sindicato de Petroleros, de la Sociedad Rural, de la Federación Agraria, de Cartez, de Coninagro y de las cuatro bancadas que representan a los ciudadanos que el 7 de agosto del año pasado pusieron en las urnas más de la mitad de los votos emitidos.
Radicales y juecistas cumplieron la voluntad anticipada de votar en contra. A ellos se sumó el Frente de Izquierda y hasta el Encuentro Vecinal Córdoba, del “socio” en tantos proyectos Aurelio García Elorrio. Tampoco lo votaron los kirchneristas (todavía en el bloque mayoritario) Fernando Salvi, quien se retiró del recinto, y José Luis de la Torre, quien no alzó su mano al momento de la decisión. Un tercer integrante del bloque mayoritario, del departamento San Martín, Héctor Muñoz, marcó diferencias al señalar que acompañaba la iniciativa “porque es en primera lectura y para pedir que si se invoca la ley 8.555 para la sanción, se coparticipe el producto del nuevo tributo, porque esa norma establece el rol de los municipios para resguardar la seguridad vial en las rutas que cruzan sus ejidos urbanos”.
Una lectura similar hizo el radical Luis Brouwer de Koning, claro que votando en contra. Su correligionario Orlando Arduh, expresó que “este nuevo artilugio recaudatorio tiene como único fin y fundamento crear rápidamente una fuente de ingresos nueva que ayude a paliar la crítica situación económica de la provincia, tal como lo describió el Gobernador días atrás en este recinto”
Arduh: “este nuevo artilugio recaudatorio tiene como único fin crear una fuente de ingresos”
En este sentido, dijo también que el Gobierno nacional no es el único culpable del quebranto de las finanzas provinciales. “Esta situación en parte es consecuencia del culebrón entre el Gobierno provincial y el nacional, al que De la Sota no solo acompañó y votó, sino que le entregó los diputados nacionales; pero en algo deben haber contribuido también las sucesivas administraciones de Unión por Córdoba, que hace 13 años gobierna la provincia”, expresó.
Desde el Frente Cívico se repitieron los argumentos dirigidos a la “inconstitucionalidad” del impuesto. En torno a ello argumentó, entre otros, el ex ministro de Economía delasotista, José María Las Heras.
Lo cierto es que la propuesta de De la Sota de crear la “Tasa Vial Provincial destinada a retribuir la prestación de los servicios que demande el mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la Red Caminera Provincial”, fue aprobada en primera lectura. La semana próxima el oficialismo seguramente seguirá haciendo oídos sordos a la sociedad y lo aprobará, para ponerlo en vigencia desde el 1 de septiembre (si el régimen legal vigente y quienes lo invoquen ante la Justicia se lo permiten).
Para delasotismo está claro que “se puede”. Al menos así lo hicieron saber quienes defendieron el proyecto, como el legislador Ricardo Sosa, quien aseguró que “el Gobierno provincial cuenta con las herramientas para exigirle a YPF la aplicación de la Tasa Vial Provincial”.
“Tanto esta iniciativa, como la Ley Penal Tributaria dan elementos al Estado provincial para hacer exigible la recaudación del Tributo”, aseguró.
El ex secretario General de la Gobernación durante la gestión de Juan Schiaretti, sostuvo que “el precio desde el punto de vista jurídico es la contraprestación monetaria que recibe el expendedor o el comercializador del combustible, en retribución de la actividad o el servicio que presta; mientras que esta Tasa prevé un servicio concreto por parte del Estado, que es el mejoramiento, mantenimiento y conservación de determinadas obras viales dentro de la Provincia y por ende estos servicios no se encuentran asociados a los expendedores de combustibles, quienes son meros recaudadores del Tributo”.
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