“Este es el exterminio silencioso de miles que denunció el Defensor del Pueblo de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia, en 2007”, advierte el texto firmado por Daniel Benítez.

“No es verdad que los pequeños productores de la zona, muchos sin títulos, deban temer por ocupaciones similares impulsadas por nosotros, porque allí viven ellos. Al contrario, los llamamos a unirnos en el reclamo de tierras”, resalta el comunicado difundido con el título “Sin tierra rural y urbana, ¿qué quieren de nosotros?”.

“Es verdad que el 5 de noviembre unas 40 familias aborígenes ingresamos a un predio sin alambrados, abandonado, totalmente ocioso, mayoritariamente monte y por más de 30 años sin que se conociera a quién pertenecía. La superficie es de 1034 hectáreas”, explica el comunicado.

Sin embargo, aclara: “No es verdad que fuimos llevados, no nos subestimen. Somos seres pensantes y ya lo demostramos en estos largos años de lucha por la producción, donde no nos resignamos a vivir miserablemente y nuestro trabajo y nuestra lucha aportó en forma importante para la actividad comercial de Pampa del Indio”.

El movimiento campesino recuerda, a la vez, que fueron convocados al lugar funcionarios del Instituto de Colonización, para conocer si las tierras eran fiscales. “Se nos dijo que era de una sociedad anónima que le compró a una anterior sociedad anónima. En esa oportunidad les expresamos que estábamos dispuestos a ir a otro lugar donde el gobierno pudiera asignar tierras fiscales. Se nos respondió que no podía haber una respuesta efectiva y que debíamos retirarnos y esperar”, relata Benítez.

Sin tierras

Más adelante resalta que “algunos hace más de 18 años que vienen gestionando y esperando un pedazo de tierra fiscal, sin lograrlo. Ninguno de los dirigentes de nuestra organización y de las organizaciones hermanas de la zona, como la Comisión Zonal de Tierras de Pampa del Indio y la Asociación Cacique Taigoye, poseen tierras”.

En ese orden cuestiona: “Mientras veíamos que a algunos se las regalaban por monedas en grandes cantidades y rápidas gestiones, centenares de jóvenes, principalmente, debieron abandonar las familias para ir a las orillas de las ciudades”. Recuerda en ese marco que “el Cacique Taigoye encabezó una gran lucha que, en los años de Yrigoyen, logró la entrega de 20.000 hectáreas para las comunidades de la zona. Actualmente solo nos quedan 3.500”.

Subraya luego que la Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, la Constitución Provincial dice que las tierras fiscales deben ser adjudicadas prioritariamente a los aborígenes y pequeños productores, y prohíbe a sociedades anónimas y en zonas que así lo requieran. Así, establece que deberán realizarse las expropiaciones que sean necesarias para el desarrollo social de las comunidades en el campo.

“No somos usurpadores”

“No somos usurpadores. Según las propias leyes, para que eso sea así, debíamos haber entrado clandestinamente, por la fuerza y violando la confianza de alguien. Lo hicimos con mujeres y niños a la luz del día, en forma pacífica, a un campo sin posesión ni trabajo alguno y convocamos inmediatamente a funcionarios del gobierno”, resalta el texto. Enfatiza a la vez que “este campo realmente está ocioso y desocupado”.