Últimos informes de gestión: secretarios “en guardia”

Últimos informes de gestión: secretarios “en guardia”

Jornada intensa de informes anuales en el recinto legislativo. Cantoro, Bressán y Calleri respondieron los interrogantes de los ediles opositores. Cruces por aumentos en la factura de EMOS, interrogantes sobre la construcción de la planta de tratamiento de residuos y cuestionamientos por la adjudicación de una obra en Centro 11.

Por Julieta Fernández

La jornada legislativa de ayer tuvo todos los condimentos. Desde el tratamiento del Presupuesto Municipal 2022 hasta las preguntas realizadas a tres secretarios del gabinete: Martín Cantoro, Marcelo Bressán y Agustín Calleri. Los tres funcionarios se habían ausentado previamente en las fechas que se les había asignado en el cronograma de informes anuales y ayer rindieron cuentas ante el cuerpo legislativo.

El primero en romper el hielo fue el secretario de Obras Públicas, Martín Cantoro, quien presentó el balance de gestión a cargo de su área. Entre los planteos opositores, el más rimbombante fue el de la tarifa de EMOS (puesto que el directorio del ente municipal de obras sanitarias estuvo presente durante el informe de Martín Cantoro). En consonancia con lo planteado previo al debate del Presupuesto 2022, la bancada opositora volvió a asegurar que la tarifa del servicio de agua y cloacas tendría un incremento del 70% el año entrante, contradiciendo el 45% que auguran desde el oficialismo.

Más allá de los cruces entre concejales del oficialismo y la oposición, el principal interrogante en cuestión tuvo que ver con la diferencia que se pagaría en los barrios privados (con una tarifa que no superaría los 400/500 pesos) y tarifas no menores a 1500 pesos en el resto de los barrios de la ciudad. Las intervenciones de los concejales fueron subiendo de tono y desde la oposición apuntaron al oficialismo por “no garantizar equidad tributaria”. Desde el directorio del ente, aclararon que la tarifa diferencial se debería a que hay servicios de mantenimiento que el ente no realiza en los barrios privados.

A su turno, el secretario de Servicios Públicos, Marcelo Bressán, brindó su informe frente a los ediles de las tres fuerzas del Legislativo local y respondió interrogantes abocados al transporte urbano, recolección de residuos e inseguridad. En estos últimos dos puntos, los cuestionamientos opositores apuntaron a la construcción de la planta de tratamiento de residuos prevista en el contrato con Cotreco, la cual se habría visto demorada desde que se elaboró dicho contrato. El funcionario aseguró que en marzo del año pasado se dejó de pagar el canon destinado a la construcción de la planta de residuos (hasta entonces no ejecutada). Uno de los momentos más “tensos” en este tópico fue protagonizado por el concejal Marcos Curletto (JpRC), quien le preguntó al secretario si se había sancionado con multas a la empresa por incumplimientos: “Hay órdenes de servicio establecidas, son los mecanismos que prevé el contrato”, respondió tajantemente el funcionario.

Otro de los tópicos por los que respondió Bressán fue el de la inseguridad y lo hizo en línea con lo planteado por los concejales oficialistas cuando la primera minoría presentaba sus proyectos bajo la consigna “Río Cuarto inseguro”. Tras citar lo que establece la Ley de Seguridad Interior, Bressán expuso que la normativa no delega a los intendentes la tarea de ocuparse de la seguridad en los municipios. “No es una cuestión de voluntad municipal sino que escapa claramente a las funciones de los municipios. No obstante, aseguró que desde el Ente de Prevención Urbana (ex Edecom) se estaría trabajando en fortalecer el sistema de cámaras de seguridad para la prevención del delito. La primera oposición aprovechó de “acudir al archivo” y citaron una entrevista realizada al intendente en el año 2016 en la cual expresaba: “Vamos a convertir a Río Cuarto en la ciudad más segura del interior del país”.

El punto más álgido

Sin dudas, el momento de mayor tensión fue protagonizado por el secretario de Deportes y Turismo, Agustín Calleri, sus subsecretarios y los concejales de Juntos por Río Cuarto, a partir de los cuestionamientos por el bar saludable que se está construyendo en Centro 11. Cabe mencionar que el titular del área había arrojado el primer lance (advirtiendo la embestida que se avecinaba de parte del arco opositor) y había concluido su informe con fotos del “antes y después” de las instalaciones del espacio deportivo Centro 11. El funcionario no escatimó en calificar el estado de las instalaciones como “lamentable” y aseguró que había espacios que “daban vergüenza” antes de que asumiera el gobierno del intendente Llamosas.

Las preguntas de la oposición en el marco de este informe estaban más que cantadas. El concejal de Juntos por Río Cuarto, Gonzalo Parodi, mantuvo cruces fuertes con el subsecretario de Deportes, Martín Herrera a partir de sus interrogantes por la adjudicación del bar saludable en dicho centro deportivo. Hace tres semanas, la primera minoría había denunciado públicamente presuntas irregularidades en la adjudicación de esta obra que llegaría a los 10 millones y que, aseguraron, no se había llamado a concurso o licitación para contratar a la empresa que la está ejecutando. Desde el oficialismo habían afirmado que las fundaciones del Estado (En este caso la Fundación Deportes Río Cuarto) tenían la potestad de trabajar por contratación directa.

Las respuestas de Martín Herrera fueron en ese sentido, asegurando que no había irregularidad alguna en las acusaciones que realizaban desde la bancada opositora. El subsecretario fue quien más respondió de manera directa a los interrogantes de Parodi, aunque Calleri aprovechó de “enrostrarle” a Juntos por Río Cuarto que el estatuto de las fundaciones del Estado avala el método de contratación directa. “A ese estatuto no lo creamos nosotros, sino ustedes en el gobierno de Rins. Se creó para hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros y ustedes no hicieron”, sentenció Calleri.

El intercambio tenso duró casi una hora, con insistentes preguntas de parte del jefe de bloque de la oposición que apuntaban a que las obras en el Centro 11 son de gran envergadura y bajo la consideración de que no debieran contratarse de manera directa. “No se puede ‘invitar a empresas’ a realizar obras porque son más de 70 millones de pesos los que se invirtieron en Centro 11. Y además, ¿cuál es el criterio que tiene, subsecretario, para elegir qué empresas pueden hacer las obras y cuáles no? Parece más el manejo de un almacén que de una Fundación”, insistió el edil opositor.

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