La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) aceptó ayer en asamblea –por 65 votos a favor, 34 en contra y seis abstenciones– la oferta del Gobierno provincial de un incremento salarial del 21 por ciento anual.

En un ambiente de discusión tenso, y con un sector claramente disconforme, la resolución final especificó la aceptación del aumento en dos etapas: la primera, de 12 por ciento, la percibirán desde febrero, con el próximo recibo de sueldo.

En relación con la segunda etapa, el gremio le presentará a la Provincia un pedido para continuar con la Mesa de Política Salarial y Laboral, con el objetivo de "solicitar el adelantamiento de la pauta salarial de agosto para julio, y realizar el seguimiento de la evolución de los precios para revisar la pauta fijada para la segunda parte del año como piso". Y, además, exigir el pago de "todas las deudas salariales".

"Hemos aprobado el acuerdo a pesar de que ha sido bastante discutida la propuesta, porque no alcanza las expectativas de los compañeros", confirmó el secretario adjunto del gremio, Juan Monserrat.

En síntesis, las clases comienzan el lunes, y no habría, al menos hasta junio, riesgo de paro. Cuando la UEPC presente el dictamen al Gobierno provincial –hoy o el lunes–, le pedirá mantener el diálogo abierto, y en julio volver a negociar, con un piso del nueve por ciento aceptado ayer, de acuerdo con los índices inflacionarios que se manejen para los primeros seis meses del año.

"Si todo sigue una lógica normal, no tiene por qué haber problemas. No existe para el lunes, por parte de la UEPC, ninguna medida que complique el inicio de clases", aseguró el secretario de jurisdicción privada del gremio, Oscar Ruibal.

Puntos en contra. Sin embargo, de los 26 departamentos provinciales, seis llevaron mandato negativo y 11 aceptaron la oferta condicionando la reapertura de la negociación para junio en vez de agosto, y con un nueve por ciento como piso de aumento. Pidieron que el tope de la suba se ajustara de acuerdo con la inflación, y no con números especificados con anterioridad.

El problema mayor que señalaron los opositores fue la pérdida del poder adquisitivo y el retraso que viene sufriendo el salario real de los docentes provinciales a partir de 2008. El pedido que se leyó en los mandatos iba desde un 30 hasta un 35 por ciento anual a cobrar en dos tramos.

"No podemos avalar la política salarial del Gobierno, que quita a los trabajadores sus fondos para vivir y los transfiere indirectamente a la no regularización de la propiedad rural o de los subsidios a las empresas multinacionales", denunció Fernando Vidal, delegado por Punilla.

Los seis departamentos con mandato negativo fueron: Capital, Punilla, Río Segundo, Río Cuarto, Unión y San Alberto. Algunos delegados departamentales opositores cuestionaron la falta de representatividad en el mecanismo de decisión. En tanto, Monserrat defendió su gestión: "Nosotros tenemos un sistema de representación por mayorías y minorías y hay que respetarlo".

Según cálculos del sindicato, el primer tramo llevará el salario inicial a dos mil pesos, si se tiene en cuenta el incentivo docente que abona el Gobierno nacional. Desde agosto, con el incremento complementario del nueve por ciento, el sueldo inicial de los maestros llegaría a 2.150 pesos. La mejora total anualizada: 345 pesos.

Riesgos

"El inicio del ciclo podría demorarse por problemas de infraestructura, falta de docentes, sobrepoblación, y otros inconvenientes que debe resolver la Provincia", declaró Juan Monserrat.