La “emergencia educativa”, situación de excepción que se afirma en el concepto de la declaración de esencialidad del servicio educativo en Neuquén, avanzó en la Legislatura provincial como proyecto de ley, al recibir despacho este jueves en la Comisión de Educación, sobre la base de distintas iniciativas que fueron consensuadas por los legisladores del MPN, PJ, Opción Federal, Servicio y Comunidad y Apertura Popular, según informó la diputada Silvia De Otaño.

El proyecto declara la emergencia en todos los niveles del Sistema Educativo de la Provincia, reconociéndolo como servicio esencial, con “el objeto de de garantizar la refacción, el mantenimiento y el funcionamiento adecuado de todos los establecimientos escolares; recuperar los días de clase perdidos en el corriente año y alcanzar el pleno e integral dictado de todos los contenidos curriculares planificados para cada curso, pudiendo ser prorrogada en todos sus términos por un año”.

La iniciativa faculta al Ejecutivo a realizar las contrataciones necesarias para la refacción y el mantenimiento de los edificios, para la adquisición de insumos y elementos necesarios para el equipamiento y el funcionamiento de los establecimientos educativos, y para la cobertura de cargos necesaria de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente para casos de emergencia.

Se crea además el Fondo Provincial de Emergencia Educativa, el que se integrará con un aporte extraordinario de 50 millones de pesos del Estado neuquino, y los fondos que se incorporen en el Presupuesto (aportes que eventualmente realice el Gobierno Nacional; aportes provenientes de donaciones, legados y otras contribuciones).

La diputada De Otaño señaló dos ejes claros del proyecto: “brindar una herramienta al CPE para tomar decisiones respecto de la recuperación de los días (esto ya se decidió en el CPE, aunque sin consenso con el sindicato ATEN); y destinar fondos para recuperar edificios”.