Inquirió saber “si se considera la actuación de los líderes sociales y gremiales como delictiva y en su caso, remita listado de personas investigadas por tal motivo; Cuál o cuáles fueron los organismos delegados para la realización de estas tareas y si se respetó lo normado por el artículo 7 de la Ley 25520".

"Si tiene conocimiento de la existencia del denominado Proyecto X que estaría llevando adelante la Gendarmería Nacional; De no haber sido oficialmente ordenado, qué medidas internas disciplinarias y de índole administrativo se tomaron frente a las denuncias de su existencia".

También preguntó si "las protestas sociales se encuentran como hipótesis que afecten a la seguridad nacional; Si se ha difundido entre el personal de las fuerzas a su cargo la normativa prevista en las leyes 24059 y 25520, que no autorizan a ningún tipo de recopilación de información o tareas de inteligencia salvo por cuestiones de estricto orden de seguridad interior y exterior nacional o ciudadana, centralizadas en la Secretaría de Inteligencia del Estado".

Afirmó que, “nuestro país se encuentra desde hace varios años envuelto en numerosos reclamos sociales vinculados a la no satisfacción de necesidades básicas, a pesar de que han transcurrido casi 3 décadas del advenimiento democrático".

"Con un discurso falaz y rayano en la hipocresía, el gobierno kirchnerista por una parte no escucha ni responde a los legítimos reclamos sociales y, por otra, alienta a sectores a que exterioricen sus protestas, franqueándoles para ello los espacios públicos y hasta solventando las manifestaciones”.

“Desde el gobierno se habla de no represión de las protestas y la no criminalización de la actividad social, pero es evidente que esta postura es selectiva y solamente respecto de aquellos que gozan de la bendición oficial o de la prebenda partidaria”, agregó.

“Recientemente asistimos preocupados al supuesto “blanqueo” de la ruptura entre el líder de la CGT y el gobierno, hasta hace escasas semanas aliados y compinches políticos, partidarios, gubernamentales y económicos”, dijo.

“El nuevo escenario nos indica que el gobierno empieza a considerar como criminales las protestas y pretende mostrarse fuerte ante el generalizado reclamo de aumento de los sueldos y salarios, depreciados por la intensa inflación acumulada en el último lustro. Esta fortaleza debiera asociarse a un natural liderazgo político y no mediante la reprimenda a través del uso del aparato estatal”, sostuvo Tunessi.

Agregó que, “la decadencia del liderazgo kirchnerista se ha patentizado frente a las medidas antipopulares tomadas inmediatamente después de ganadas las elecciones, trampeando al electorado sobre la aplicación de subsidios a los servicios públicos. La pérdida de la confianza política ha llevado al gobierno a implementar acciones de represión interna manifiestamente ilegales, para frenar la creciente ola de demandas impopulares no compensadas”.

“Al igual que el gobierno macrista, echan mano a los servicios estatales para espiar a los contrarios. Ha tomado estado público la existencia del denominado Proyecto X, que es una reedición de las viejas prácticas de la dictadura militar, en cuanto a espiar a quienes aparecen como opositores al régimen, por su sola condición de tales".

"Es destacable remarcar que la legislación vigente, prohíbe expresamente cualquier tipo de investigación sobre personas referidas a sus cualidades personales, ya que solamente se habilita la inteligencia para cuestiones de seguridad nacional interna y externa y ciudadana”, explicó Tunessi.

Señaló que, “según los datos periodísticos, el Proyecto X consistiría en acopiar por parte de la Gendarmería Nacional, información personal de los líderes sindicales y sociales que protagonizan protestas, por el solo hecho de su participación política en dichos movimientos”.

“Esta situación excede a toda bandería política, ya que está en juego el sistema institucional y democrático de respeto por las minorías no gobernantes”, remarcó Tunessi, y dijo que “a ello se agrega el alto nivel de preocupación que han manifestado numerosas organizaciones a partir de la vigencia de la denominada ‘ley antiterrorista’ aprobada por la mayoría kirchnerista, siendo que los funcionarios gubernamentales no son claros al pronunciarse sobre los cuestionados alcances de la nueva normativa llegando, incluso, a la disparatada interpretación de su presunta aplicación al periodismo, como lo expusiera el titular de la UIF, Jose Sbatella”.

“Todo pareciera indicar que el oficialismo ha iniciado una escalada represiva contra quienes no comulgan con sus designios, la que debe ser inmediatamente desactivada. Solidarizándome con todos aquellos compatriotas que son violentados en su intimidad por el solo hecho de manifestar sus ideas y con el necesario propósito de contar con cabal información sobre esta grave situación para requerir las medidas institucionales consecuentes, es que solicito la aprobación del presente proyecto”, concluyó Tunessi.