Además, denunció que, de la mano de Cristóbal López, en la Argentina hay “una concentración de máquinas tragamonedas mayor a la de Las Vegas”.

Tunessi se mostró a favor de los pedidos de informes y las investigaciones sobre la relación entre el Estado provincial y la firma Boldt, aunque consideró que se “saca a relucir cuando hay problemas entre ellos”, en referencia al kirchnerismo “puro” y al sciolismo.

“Nunca se ha pensado en un impacto negativo, se lo tiran a Scioli y está bien, pero el kirchnerismo tiene a Cristóbal López con la mayor concentración de máquinas tragamonedas, aún mayor que en Las vegas, no están on line y por ende no tienen el mínimo control”, se quejó.

En diálogo con INFOCIELO, Tunessi recordó los episodios que involucraron los intentos por regular la instalación de máquinas tragamonedas en bingos bonaerenses, entre 2001 y 2003. Por entonces, el diputado radical presidía una comisión que investigaba al Instituto Provincial de Lotería y Casinos, y que buscó sancionar un marco legal para las máquinas tragamonedas. Las dilaciones en el proceso llevaron a que el entonces gobernador Felipe Solá tomara la delantera “mediante un decreto de necesidad y urgencia”.

El decreto fue suplido meses por una ley promovida por el bloque oficialista, y que desató un “escándalo”, tanto por la forma de sancionarla como sus efectos. En rigor, la norma añadía algunos “polémicos” artículos al decreto de Solá, entre ellos uno que “condonaba” una deuda que se calculaba en 25 millones de pesos de los bingos hacia la Provincia.

El artículo 10 de la ley aprobada “entre gallos y medianoches” establecía que “El canon abonado durante la vigencia del Decreto 1372/02 tiene efectos cancelatorios y liberatorios respecto de los períodos devengados hasta el 6 de diciembre de 2002”, con lo cual un “adelanto a cuenta” que preveía la redacción del proyecto original, plasmado luego en un decreto de Solá, pasó a ser “cancelatorio” de una deuda generada por los bingueros a favor del Estado por una cifra millonaria. El cálculo del ‘perdón fiscal’ que beneficiaba al a empresa Boldt se calculaba en unos $25 millones de pesos.

Tunessi relató, además, que la norma, que promovía el bloque oficialista, “le agregaba, entre esos 4 artículos vergonzosos, uno que habilitaba, entre otras cuestiones, a la Legislatura a pedir nuevos avales, como una suerte de peaje que volvía todo a la lógica de la coima”.

La referencia de Tunessi apunta al artículo 12 de aquella norma, en la que se establecía la creación de una “Comisión Bicameral Especial”, compuesta por 3 diputados y 3 senadores, que debería llevar a cabo “el estudio, análisis, desarrollo y redacción del proyecto de una Ley Integral de Juego”, además de controlar “el funcionamiento del sistema implementado en las Salas de Juego”, “emitir dictamen de las actuaciones labradas con motivo de los pedidos de prórroga de autorizaciones de Salas de Juego y “emitir dictamen en las autorizaciones a expedir por la autoridad de aplicación para la radicación de Salas de Juego en Distritos o Partidos que en la actualidad no cuenten con ellas”.

Los otros dos artículos vetados autorizan “a la autoridad de aplicación a ampliar hasta en un quince (15) por ciento el número de Distritos … en los cuales podrán habilitarse Salas de Juego”, y establecen la “prórroga de los permisos de funcionamiento de Salas de Bingo”, a través de la presentación “ante la autoridad de aplicación” de toda la documentación que acredite el cumplimiento de las previsiones contempladas en esta norma, lo cual debería hacerse, además, ante la Comisión Bicameral.

La sesión en la que se votó la afirmativa, estuvo regada de sospechas, muchas de ellas denunciadas por el propio Tunessi, como el hecho de que se haya celebrado un martes –en lugar de un miércoles, o un jueves, como es la usanza- y de que varios diputados opositores no hayan sido notificados. “En ese momento hice que el bloque radical no bajara al recinto pero se sancionó igual”, recordó.

Para Tunessi, la marcha atrás de Solá, efectuada con el “veto parcial” de la norma, se debió a “las denuncias por parte de la prensa”, un hecho que calificó de “inédito” “ya que los había agregado su propio bloque”.

El legislador radical recordó, además, que en un principio se había contratado a “un centro de datos de prestigio internacional y la propia Universidad Nacional de La Plata participaba de los controles” a las máquinas, aunque, se lamentó, “luego los controles se relajaron”, lo cual atribuyó a “parte de la corrupción, por eso el juego pasó a ser poco transparente”.

Por último, Tunessi recordó que con el paso del tiempo se fueron presentando diferentes proyectos de control “pero nunca se aprobaron”, pese a lo cual, dijo, “no” está “de acuerdo con la prohibición, porque eso motivaría a los juegos clandestinos”. No obstante, aclaró, “hay mucho riesgo en permitir la actividad, por lo cual debe tener un control y hay que regularlo muy de cerca por parte del estado, no por empresas”.