Los cuestionamientos a la reforma del Código Tributario (CT), sancionada por la Legislatura en la última sesión, no cesan. El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas (Cgcet) emitió un comunicado institucional en el que reclama al Gobierno provincial que reformule los cambios ya que, según entiende, suponen la instauración en Tucumán de una dictadura fiscal.

El CT es un digesto que establece los procedimientos fiscales. En los últimos ocho años se le aplicaron varias modificaciones.

El Cgcet entiende que estas últimas, aprobadas con los votos del alperovichismo en la última sesión parlamentaria de 2011, conculcan los derechos de los contribuyentes, quienes están en un estado de indefensión, a la vez que la Dirección General de Rentas (DGR) consigue más facultades para fiscalizar.

"Reconocemos y promovemos la facultad que tiene el Estado para cobrar sus tributos, pero en un estado de derecho se deben respetar a ultranza los medios legales constitucionales porque, de lo contrario, el avance del Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial es tan grave que se transforma en un modo de dictadura", dice el escrito.

En los últimos días, directivos de la entidad profesional habían formulado severas críticas. También, legisladores de la oposición y empresarios plantearon quejas, sobre todo por la forma en que el oficialismo legislativo impulsó y aprobó la iniciativa: sin consultas, sin difusión y con un veloz trámite legislativo, de sólo 48 horas, que incluyó un cuestionado dictamen de parte de la comisión de Hacienda (integrada sólo por alperovichistas).

"En una reforma tan sustancial se debería haber consultado a instituciones que mucho tienen para aportar, tales como el Cgcet o el Colegio de Abogados; hubieran observado las violaciones e imperfecciones de la ley", afirmó el Cgcet.

Entre las fallas que, a su criterio, se cuentan en el texto del CT figura un artículo que obliga a los jueces a otorgar las medidas cautelares por orden la DGR, lo que supone una violación de la Constitución y de los pactos internacionales.

"En una verdadera democracia los jueces deben proteger a los ciudadanos. Que nuestra Legislatura haya aprobado estas aberraciones jurídicas no significa que se ajusten a derecho por el solo trámite de tener el voto favorable de los legisladores", planteó el colegio.

El presidente de la comisión de Hacienda, Ramiro González Navarro, fue el único de los parlamentarios oficialistas que salió a defender el proyecto. El resto se llamó al silencio. "En el caso del Código Tributario, las modificaciones están dirigidas a adecuar la normativa provincial a la ley nacional 11.683, de Procedimiento Tributario, en el sentido de otorgar mayor agilidad a los procesos y darle facultades a la autoridad de aplicación (DGR)", afirmó González Navarro.

Pero el Cgcet entiende que esas mayores facultades no son un tema menor: "le dan en forma discrecional superpoderes al fisco que tendrán como consecuencia inevitable abusos que colocarán a los ciudadanos en un estado de indefensión aún mayor del que ya sufría con el discrecional proceder de la DGR".

El colegio también planteó que el nuevo CT supone un avasallamiento al instituto de la prescripción.

"En varios párrafos de la reforma se desnaturaliza en forma total la prescripción hasta tornarla inexistente, y así se vulnera la legislación de fondo (Código Civil). Esto ya ha sido declarado inconstitucional en forma reiterada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e igual tratamiento mereció la posibilidad de vulnerar el derecho de habeas data, de protección constitucional", apuntó el colegio, en referencia a una disposición del CT que autoriza a la DGR a hacer públicas las listas de contribuyentes por falta de pago y no presentación de declaración jurada.

La entidad profesional también reclamó que el Gobierno disponga la creación del Tribunal Fiscal Provincial, organismo inexistente pese a la vigencia de su ley de creación.

"La relación jurídico tributaria deviene de la legalidad y no de una relación de poder, y en este caso la igualdad en la relación fisco-contribuyente queda totalmente desdibujada", sostuvo.

También alertó sobre la inapelabilidad de las sentencias. "Es necesaria la doble instancia plena, porque se exige que los roles de acusación y juzgamiento sean asumidos por órganos autónomos entre sí", aseveró.

Tras formular estas reflexiones, el colegio planteó una urgente reformulación del texto. "Nuestro Código Tributario necesita imperiosamente cambios en su redacción que tiendan a recibir las opiniones doctrinarias y la jurisprudencia emanada de los más altos tribunales en torno del resguardo propicio del derecho de defensa del contribuyente", aseveró.