La denuncia es promovida por el abogado y dirigente peronista tucumano Oscar López, quien explicó que en ejercicio de sus obligaciones ciudadanas, accionó penalmente al enterarse de la noticia porque -sostuvo- existe la "necesidad de que Oyarbide justifique su enriquecimiento patrimonial apreciable".

La demanda, por los presuntos cargos de "cohecho agravado, exacción agravada por el destino de lo recibido, enriquecimiento ilícito y violación de los deberes de funcionario público" recayó en la fiscalía a cargo del instructor federal Carlos Brito, pero el denunciante pidió que sea girada al Procurador General de la Nación y al juzgado de feria en la Capital Federal.

Según trascendió, esa decisión será evaluada por Brito, para establecer si corresponde investigar o no la denuncia y si se la debe enviar a la Justicia porteña.

En concreto, López pidió que "se determine si el juez cumplió con la obligación de presentar las declaraciones juradas exigidas por la Ley 25.188, y si en ellas se registran (correctamente valuados y con su origen especificado) los presuntos regalos recibidos por el juez, quien alegó que compró la sortija al canjear los presentes de sus últimos cinco años".

"¿Recibe o exige el magistrado un promedio de 50.000 dólares, más de 250.000 pesos por año en concepto de regalos o como pago por acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones? ¿Son producto de la posible corrupción del sistema electrónico de selección de los juzgados por la que, de un modo doloso, las causas más sensibles para el poder político inexorablemente recaen en su jurisdicción?", inquirió el letrado tucumano.

Preocupación en la Corte

Frente a la difusión de esta noticia, el juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni planteó su preocupación por la compra de un costoso anillo como de cualquier otra inversión por parte de un funcionario público.

"Da la impresión de que todo se reduce a que (Oyarbide) se compró un anillo...eso es farandulizar la noticia", advirtió el vocal de la Corte.

"Me parece una tontería la forma en que se planteó la cosa" desde un sector del periodismo, dijo el juez a Radio Continental, tras señalar que "no es una cuestión del anillo" sino que, añadió, el problema se produce cuando "un funcionario hace gastos que son desproporcionado con su evolución patrimonial".

Zaffaroni afirmó: "Yo no uso anillo, no me gustan las alhajas, no sé si hay anillos que valen 250 mil dólares" e ironizó que sobre la joya de Oyarbide "se dijo que tiene destellos que se ven desde la puerta (...); si es así parece que es un anillo de esos de pila que venden en San Telmo".

"Si quiere comprarse un anillo o quiere comprarse una colección de filatelia, es su problema", pero "lo que en el fondo preocupa públicamente o puede preocupar públicamente es si hace inversiones en lo que sea y están desproporcionadas con su capacidad patrimonial", reconoció Zaffaroni.

Hace una semana, el diario porteño La Nación publicó que, antes de irse de vacaciones a las playas de Punta Cana, en República Dominicana, Oyarbide le mostró a los empleados de los tribunales de Comodoro Py 2002 un costoso anillo de brillantes valuado en 250 mil dólares.

El juez habría argumentado que compró la joya tras vender obsequios que habría recibido.