El próximo miércoles en Tucumán, responsables de los 10 ingenios que tienen destilería y que generan vinaza, se reunirán con autoridades del Comité de Cuenca Salí-Dulce y la Secretaría de Ambiente de la Nación. En el encuentro, los empresarios conocerán el plan de gestión ideado por las autoridades y si se comprometen a realizar los trabajos y obras, antes de la próxima zafra, se logrará un principio de solución al conflicto por la contaminación que provocan las industrias tucumanas en el embalse Río Hondo.

Sin embargo, en Santiago del Estero, el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, se mostró escéptico y pidió como garantía, que todo plan contemple el cierre de la fábrica que no cumpla lo pactado. Dijo que además de Tucumán, otro organismo tendrá que tener la responsabilidad de aplicar las sanciones, ya sea del gobierno nacional o el Comité de Cuenca, al reflejar que no confía en Tucumán. Al respecto, advirtió que “si se firma un acuerdo y Tucumán no cumple, se acabó la confianza para siempre”. Además, recordó que Santiago tiene una demanda en la Corte Suprema contra los ingenios y que cualquier pronunciamiento del máximo órgano judicial, puede ser más “traumático”.

“O se termina el proceso con la sentencia de la Corte a la que estamos dispuestos a llegar o se logra un acuerdo para que esa vinaza no venga aguas abajo. O se soluciona por las buenas con un acuerdo y que sea la política la que solucione o sea la Justicia, que le podrá llevar más de tiempo, pero va a ser más dura y traumática”, expresó en diálogo con EL LIBERAL.

El funcionario apostó para que se logre una solución política, pero también remarcó que los trabajos y las obras van a tener que comenzar de inmediato, o las empresas y Tucumán no podrán cumplir con el compromiso de no arrojar vinaza (tampoco ceniza) a la cuenca a partir de 2012. “Si dicen vamos a tener cero vinaza y los PRI se firman el 30 de abril o el primero de mayo, cómo van a hacer en ese tiempo para dejar de arrojar la vinaza”, preguntó. En tal sentido, exigió: “Quiero un registro correcto, coherente y aceptable que permita garantizar que esa vinaza no venga, porque si se firma un acuerdo y no se cumple, se acabó la confianza para siempre. Se supone que todas las partes lo van a cumplir salvo que sean realmente estúpidos”.

Díaz Achával había manifestado que el plan de gestión tendrá que contar con la firma de la Defensoría. Al respecto, sostuvo que cualquier acuerdo debe contemplar el cierre de la industria que incumpla. “Si tenemos una demanda ante la Corte que está cerca de salir, que pide que a los que contaminen les cierren la industria hasta que no tengan una planta de tratamiento y Tucumán viene y se compromete a que habrá cero vinaza para que saquemos la demanda, obviamente esa sanción (el cierre) tiene que estar en el acuerdo”, dijo.

Consultado sobre quién tiene que aplicar las sanciones, recordó: “El propio gobernador (Alperovich) salió a decir ‘basta de mentir’, y nos ratifica que alguien engañó en algún momento. Por eso ante la posibilidad de un acuerdo, en primera medida el responsable de aplicarlas será Tucumán, pero hasta que la confianza sea restablecida, también deberá participar el gobierno nacional, el Comité de Cuenca o alguien que garantice que esas sanciones se cumplan”, sentenció.