Según la ONG Luchemos por la Vida, nuestro país tiene uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito, considerando la relación que existe entre la cantidad de población y de vehículos en circulación. Su estimación es que unas 22 personas mueren por día , lo que proyecta unos 8 mil muertos por año y más de 120 mil heridos, además de gastos millonarios por los costos materiales, del sistema de salud y de seguros involucrados.

Venimos de una semana terrible en el tránsito. El miércoles, en la localidad de Zanjitas, 65 kilómetros al sur de la ciudad de San Luis, un micro escolar fue embestido en un paso a nivel por un tren de carga: murieron seis chicas de entre 10 y 11 años y dos docentes . Al día siguiente, a 180 kilómetros de Chacabuco, en la ruta 7, considerada una de las más peligrosas del país, un camión mordió la banquina y terminó impactando de frente a una combi con 20 ocupantes, pibes de un equipo de fútbol de Banderaló y sus padres.

También fueron 8 las víctimas fatales , cinco de ellas chicos. Es conmocionante escuchar el relato de los padres de quienes en ambos casos lograron sobrevivir. (“Fue desesperante: creí que mi hijo moría en mis brazos”).

Ayer, la lista trágica sumó dos muertos más , esta vez en la Ciudad, en el choque entre un auto y un autobomba, que por la fuerza del impacto embistió a un colectivo y lo hizo retroceder hasta meterse en una confitería (Dos muertos y 38 heridos por un terrible choque en Once). Si hubiese ocurrido en un día laboral, estaríamos lamentando una tragedia devastadora . Esta seguidilla ocurre a menos de dos meses de que un tren arrollara a un colectivo en Flores, con 11 muertos y 228 heridos.

Hay rasgos comunes en estos y otros accidentes fatales. I mprudencia y/o impericia de los conductores, potenciadas por una infraestructura vial que no se ha modernizado en paralelo al crecimiento del parque automotor y a la capacidad tecnológica de los vehículos. Y por los controles laxos del Estado sobre los sectores privados que, a través de distintas concesiones, gestionan el mantenimiento y estado de los caminos en donde los argentinos pierden a diario sus vidas.