Con seguidilla de victorias parlamentarias K, la Cámara de Diputados se aprestaba a aprobar los proyectos contra el lavado de activos y la financiación de terrorismo, normas que impulsa el Poder Ejecutivo con el objetivo de adecuar la legislación nacional a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); y también la ley que limita la extranjerización de tierras.

El debate por la financiación del terrorismo llegaba al recinto cargado de polémica en la previa, ya que la oposición y agrupaciones de Derechos Humanos advirtieron que la norma podría avanzar en la “criminalización de la protesta”.

Luego de que se le diera media sanción a la ley para regular el mercado del papel en el país (Ver página 8), la Cámara baja se disponía a tratar estos proyectos junto a la modificación del régimen del peón rural y se esperaba que todos serían sancionados en horas de la madrugada para evitar protestas gremiales en la última de las tres.

Uno de ellos busca modificar el artículo 41 del Código Penal, con cambios sustanciales en el tipo penal sobre terrorismo y su financiamiento; y el otro penaliza la manipulación del mercado financiero. La sanción de estas normas fue solicitada por el ministro de Justicia, Julio Alak, quien admitió que ambas iniciativas “son trascendentes en la lucha contra la amenaza del terrorismo pero también en la adecuación de los estándares internacionales y ante el GAFI”.

Al abrir la discusión, el diputado K, Oscar Albrieu, sostuvo que “más allá de los compromisos internacionales, existen en la Argentina razones para avanzar con la legislación, que es la del Estado como controlador y promotor de estas actividades”.

Desde el radicalismo, el diputado Manuel Garrido cuestionó los proyectos y consideró que el tipo penal de terrorismo que propone el Ejecutivo “viola la necesaria certeza que debe existir para que no haya riesgo de represión indebida y de violación de derechos humanos”.

Por su parte, desde el Frente Peronista, Gustavo Ferrari, anticipó el rechazo de su bloque, al considerar “no se abordan directamente la asociación ilícita terrorista”, al destacar la importancia de tener “una fórmula cerrada que despeje cualquier duda sobre la voluntad de combatir el terrorismo”. También el Frente Amplio Progresista adelantó su rechazo. La diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, opinó que “se pretende acrecentar aún más las posibilidades de persecución de luchadores” con estas normas.

El otro proyecto, en tanto, incorpora al Código Penal “las principales conductas punibles que, conjuntamente con el lavado de dinero, afectan el orden económico y financiero”, con penas previstas de hasta cuatro años de prisión.

Finalmente, la iniciativa que limita la extranjerización del suelo, reclamada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su reasunción seis días atrás, establece que las tierras rurales de un dueño extranjero no podrán superar las mil hectáreas y fija en el 20% el límite a toda titularidad de dominio por parte de extranjeros en el territorio nacional.