La gobernadora Fabiana Ríos se mostró satisfecha con los alcances de la nueva tarifaria, ya que la ley sancionada por la Legislatura contempla la “política fiscal de incentivo a las inversiones” que, afirmó, estaba contendida en el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo. Es más, aseguró que la norma “es una herramienta que a nosotros nos deja satisfechos porque nos da, en términos de ingresos, un buen horizonte para programar las actividades que debe realizar el Gobierno de la Provincia en adelante” por cuanto “en términos de ingresos se corresponde con las perspectivas que nosotros teníamos”.

Defendió también la denominada “política fiscal de incentivos a la inversiones” al sostener que “la lógica de construcción de sustentabilidad de nuestro sistema económico debe incluir, necesariamente, mayores actividades y contemplar la realidad de las distintas actividades, y esto es lo que ha sido explicitado en la tarifara y votado por la legislatura”.

Estas definiciones de la titular del Ejecutivo fueguino se conocieron pocas horas después de que el ministro de Economía, Cristian Ruiz, y el secretario de Ingresos Públicos reconocieran no haber tenido participación alguna en la redacción de la propuesta que terminó convertida en ley, y que estimarán que la reducción dispuesta en la tasa de verificación de procesos productivos para algunas actividades industriales y determinados productos electrónicos generaría una reducción en la recaudación provincial estimada en los 60 millones de pesos. A este monto habrá que sumarle la pérdida de recaudación originada por la disminución extra de la tasa en función de las inversiones en activos físicos realizados por la empresas en la provincia desde enero de este año, cifra esta que desde Economía se ha señalado resulta todavía imposible determinar.

Las declaraciones de Ríos van a contrapelo de la postura que, según señaló el legislador Manuel Raimbault, habría sostenido el miércoles anterior a la sanción de la ley el ministro de Economía ante la Comisión de Presupuesto, cuando defendió la necesidad de que se aprobara el proyecto de tarifaria que había sido presentado el Poder Ejecutivo el 5 de julio de este año, que no contemplaba reducción alguna de las tasas de verificación de procesos productivos como así tampoco ninguna “política fiscal de incentivo a las inversiones”.

Consultada por los cuestionamientos planteados contra la nueva ley tarifaria por Encuentro Popular, la Gobernadora, en declaraciones a Reporte Austral, respondió que le “llama mucho la atención que cuando las políticas fiscales de estímulo son decididas en otras jurisdicciones son políticas de estímulo, pero cuando las decide el Gobierno de la Provincia son beneficios extraordinarios para los sectores privilegiados”.