Es que el gremio Unión Tranviaria Automotor (UTA), acaba de cerrar un acuerdo con las cámaras empresarias de la actividad para un incremento salarial de 1.000 pesos retroactivo a enero, lo que implica una suba promedio de 18%. Y el sindicato afirmó que el convenio incluyó un anexo para revisar el aumento en julio próximo. Es decir: el costo salarial de las empresas de colectivo aumentará otra vez, y moverá el cuadro del famoso esquema de costos.

Además, el acuerdo firmado ante las autoridades del Ministerio de Trabajo, que rige por ser convenio nacional para todo el país, estableció que el incremento será financiado en forma provisoria “con subsidios adicionales de Estado nacional hasta que se defina el nuevo sistema de cálculo y distribución de esas subvenciones”.

Esto último, que alcanza también a Neuquén, deberá ser tomado en cuenta por los concejales neuquino. Hasta ahora, se ha esgrimido como condición para otorgar el incremento, que la empresa Indalo cumpla con los plazos de inversión acordados en el contrato de concesión. Pero en realidad, se sabe que los incrementos tarifarios son impostergables en la Argentina de hoy, y cuando no afectan a los usuarios directamente, afectan al Estado, que debe aumentar los subsidios que aplica.

Más allá de aparatosas declaraciones, reuniones en el obispado y otras formas de conmover a la opinión pública con la justa pelea de defender el bolsillo de los usuarios, habrá que tomar en cuenta que el aumento en el gasto que cada usuario debe aplicar al transporte, tiene que ver más con la inflación general, que con la cuestión específica.

A la hora de echar culpas por esta evidencia, el tema se complica. Ya no es una empresa “malvada”, ni siquiera un municipio “complaciente”. Es todo un país que avanza en medio de una inflación creciente, altamente perjudicial para la economía de quienes tienen menores ingresos.