La ley no establece cómo deben conformarse los tribunales de concurso, y la política se impuso.
La ley 9361 prevé que autoridad de aplicación a la hora de las designaciones son las comisiones laborales de concurso y promoción, encabezadas por el ministro o titular de cada jurisdicción. En este caso se constituyeron 20 comisiones, correspondientes a cada ministerio, agencia y secretaría, y la Fiscalía de Estado.
En cada una de esas comisiones de tres miembros hay un representante del gremio Unión de Personal Superior (UPS). La principal función que tienen las comisiones es designar a los integrantes del tribunal de concurso, cuerpo que también es tripartito. No obstante, la ley en ese caso no especifica cómo se deben conformar ni exige participación de representantes de entidades académicas -medida que se suele adoptar como garantía de transparencia- por lo que esos jurados muestran preeminencia política.
Las funciones de los tribunales de concurso son estudiar y analizar los títulos, méritos y antecedentes; calificar a los concursantes y enviar el orden de mérito con el puntaje obtenido por cada uno de ellos.
La conformación de los tribunales está publicada en la web oficial. Figuran los nombres de Medardo Ligorria (titular de la Agencia Córdoba Deportes), Sergio Spicogna (ex intendente de Río Ceballos), Arturo Miguel Heredia (asesor de la Agencia Córdoba Turismo) y Alfonso Mosquera (procurador del Tesoro).
También figuran Gustavo Zamudio (subsecretario de Prensa), Tulio del Bono (ministro de Ciencia y Tecnología), Amelia López (ex ministra de Educación), Darío Ranco (funcionario de Desarrollo Social), Martín Aráoz (dirigente peronista), Sergio Lorenzatti (director de Cooperativas y Mutuales), Delia Provinciali (secretaria de Educación) y Carlos Pedetta (director de Infraestructura).

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