Las “carga el diablo”, y las deshace el personal del taller de destrucción del Superior Tribunal de Justicia.

“Esta es una carabina Rubi Extra”, dice Fabricio Santapaola, mientras quita las últimas clavijas que se aferran, porfiadas, a la culata de un arma vieja, sobre el banco de trabajo de la Sección Depósito de Efectos Secuestrados y Decomisados.

El jefe de esa área dependiente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos está encargado de la destrucción de las armas sacadas de circulación por los juzgados provinciales en distintas investigaciones, y con paciencia de orfebre va extrayendo las cachas, luego los tornillos del mecanismo de disparo, los resortes, cañón, pestillos, pasadores y demás piezas, hasta dejar sobre la mesa un rompecabezas imposible de reconstruir. Esa es, precisamente, la finalidad: el despiece previo a la destrucción total, para cumplir con la Ley Nº 25.938 y sus modificatorias, que dispone que “las armas de fuego utilizadas para la comisión de ilícitos penales (…) serán destruidas (…) con el contralor de la máxima autoridad judicial de cada circunscripción”.

Desarme. En el taller, ubicado a los fondos del edificio de Tribunales de Paraná, entre cajas con escopetas, pistolas y proyectiles, Santapaola le comenta a EL DIARIO que el área está desarrollando un nuevo proceso de destrucción de armas de fuego que remiten todos los juzgados del fuero penal de Entre Ríos. Después de un minucioso cotejo del arma con los listados donde constan todos y cada uno de los objetos depositados en esa sección, comienza el desmonte. Todo lo que es de madera, como por ejemplo la culata, es acopiado en un sector, mientras que las partes de hierro son cortadas en trozos más pequeños con una ingletadora (una especie de sierra sensitiva), para luego ser guardadas bajo estrictas medidas de seguridad en una baulera. Es una tarea ruidosa y riesgosa, que se realiza en horarios adecuados y con las medidas de seguridad acordes, para evitar inhalar las sustancias que emanan del corte del material de complejas aleaciones. Desde allí, los viejos hierros irán a parar a un horno de fundición, cuando lo disponga el STJ.

“En una primera etapa destruimos 400 armas, y próximamente llegaremos a un total de 1.000 piezas”, explica el encargado del desguace.

Además, destaca que en su labor recibe ayuda del perito balístico Antonio Daniel Vitali, “que es un experto”, y del agente Gonzalo Fernández, un especialista en herrería que opera la sierra.

Curiosidades. “Depósito y Efectos Secuestrados” tiene seis lugares de almacenamiento; por ejemplo, el de motos y bicicletas está ubicado en la parte posterior de la casona del docto Pablo Crausaz, sobre calle Santa Fe, edificio recientemente adquirido para el Poder Judicial y donde funcionan los Juzgados de Paz. El área recibe, además de armas de fuego, todos los elementos secuestrados o decomisados, en el marco de las investigaciones de hechos delictivos. Algunos de esos elementos serán devueltos a sus propietarios, otros quedarán reservados y un porcentaje será destruido.