El Tribunal de Cuentas se vería forzado a evaluar con la peor calificación la Cuenta General del Ejercicio 2009 ante la falta de tiempo material para analizar la documentación que le fuera presentada por el Poder Ejecutivo, salvo que la Legislatura decida autorizar una prórroga al plazo constitucional con el que cuenta el órgano de control para presentar su informe, que vence el miércoles próximo.

En cumplimiento de lo que determina el artículo 135 de la Constitución, el Ejecutivo presentó el 31 de mayo ante el Parlamento y el Tribunal de Cuentas el resultado analítico de ingresos y gastos del ejercicio presupuestario del año pasado.

El Tribunal de Cuentas, tras un primer análisis de la documentación detectó una serie de inconsistencias en la información contable suministrada por el Ejecutivo como así también la incompleta remisión de documentación de respaldo, por lo que a mediados de este mes resolvió devolver al Ejecutivo la Cuenta General e informar a la Legislatura sobre tal situación.

La semana pasada, la Contaduría General de Gobierno volvió a presentar la Cuenta General al Tribunal de Cuentas con, aparentemente, las correcciones de rigor y la documentación faltante, lo que le dejaría al órgano de control unos 5 días hábiles para realizar la auditoría de legalidad y financiera sobre los estados contables que se

exponen en la Cuenta General a los efectos de reunir la necesaria información que permita emitir una opinión fundada sobre la misma, plazo que resulta por demás exiguo. De allí que exista la posibilidad cierta y concreta de que el Tribunal, ante la imposibilidad fáctica de constatar la veracidad y confiabilidad de los datos, pueda abstenerse de emitir opinión sobre la Cuenta General 2009, lo que constituye la peor de las calificaciones contemplada en las normas de auditoría de estados contables.

Para evitarse este extremo, la Legislatura debería resolver si está dentro de sus facultades prorrogar el plazo constitucional con el que cuenta el órgano de control para presentar su informe, de manera tal de darle tiempo suficiente para realizar de manera adecuada su tarea de auditoria sobre los resultados de la gestión financiera del Estado.

Números que no cierran

Según trascendió, uno de los aspectos que más llamó la atención de los auditores del Tribunal que analizaron la documentación originalmente remitida por el Ejecutivo fue la falta de coincidencia entre el monto total de las erogaciones informada y el que surge de la suma de cada una de las partidas y subpartidas, por cuanto esa información debería surgir de un único sistema informático.