Los incumplimientos de distintos intendentes “son un problema crónico”, advirtió con un halo de preocupación el titular del ente de control, Luis Zamora.

Desde el Tribunal de Cuentas de la Provincia, informaron que algunas comunas provinciales no presentaron la documentación correspondiente, para demostrar la legalidad de las inversiones llevadas a cabo. Mensualmente, los municipios deben presentar al Tribunal de Cuentas de la Provincia, la documentación para la rendición de cuentas con el fin de conocer lo realizado en el lugar con los fondos públicos.

En diálogo con Radio Independiente, el presidente del área, Luis Zamora, comentó que hay algunas comunas que tienen dificultades para demostrar la legalidad de las inversiones llevadas a cabo.

Por ejemplo, comentó que “tenemos un problema que se está haciendo crónico, con Sanagasta”, sin embargo, aseguró que desde la comuna comenzaron enviar información que “antes nunca llegaba”.

Además, agregó que “ellos aseguran que tuvieron una inundación en el lugar donde estaban los expedientes, el Tribunal no tomó esa aseveración, sino quiere saber por medio cierto, el estado de la documentación”.

Asimismo manifestó que en varias oportunidades la Municipalidad de Sanagasta fue sancionada con multas o con la formulación de cargos, como así también se le solicitó a sus responsables la “devolución de lo no rendido”.

En la oportunidad, Zamora, comentó que junto a Sanagasta, los que poseen mayor grado de complicaciones para presentar la documentación, son Angel Vicente Peñaloza e Independencia. Cabe señalar que muchos de ellos adeudan la rendiciones de años anteriores, al corriente. Asimismo agregó que “son los lugares donde mayor obstáculo para llegar a la verdad, tenemos, por el considerable retraso en la rendición de cuentas”.

Además informó sobre la situación en la cual se encuentra la Municipalidad de Chilecito, “tuvo inconvenientes con la documentación presentada, que no se condescendía con la legalidad que establece la AFIP”. Además agregó que “estamos en las tareas de investigación, para saber si las facturas presentadas son legítimas”.