Es debido a una supuesta doble contratación del servicio de vigilancia que cumplió funciones en las obras que se llevan adelante en la urbanización del río Pipo, en Ushuaia. Desde el órgano de control le iniciarían una demanda civil en contra de José Luis Del Giúdice.
La resolución N°92 del organismo de control fue firmada por los dos de sus integrantes Miguel Longhitano y Luis Alberto Caballero. Allí se resolvió disponer el inicio de una demanda civil en contra de Del Giudice y el director General del área Técnica Roberto Camio con el fin de reparar el presunto perjuicio fiscal constatado en el organismo.
La denuncia la realizó un agente del IPV que en su presentación cuestionó la decisión del ministro de Obras Públicas, Manuel Benegas y el presidente del IPV de entregar -mediante el acta firmada en junio de 2011- las viviendas de la zona del Río Pipo “a los preadjudicatarios que así lo soliciten en las condiciones en que se encuentren”.
En la denuncia se resalta que las 96 viviendas del Pipo no se encontraban -en ese entonces- terminadas de conformidad en el contrato de obra que firmó el IPV con la UTE Ingeniería Fueguina SRL-Inversur SRL.
En la presentación se destacó que el hecho "significaría un alto riesgo para la vida humana, como la falta de aprobación de las ventilaciones de los calefactores que observó oportunamente la empresa Camuzzi Gas del Sur".
La investigación del Tribunal de Cuentas derivó en un presunto perjuicio fiscal por un monto de $106.784 al haberse abonado desde el IPV a la empresa Centinela SRL en concepto de custodia de la obra 96 viviendas cuando “dicho rubro se encontraba incluido dentro del pliego de obra y en cabeza de la UTE contratista Ingeniería Fueguina SRL-Inversur SRL.
Comentá la nota