La auditoría fue en respuesta a un pedido de legisladores. El resultado podría complicar al responsable de Obras Públicas.
La auditoría consigna que de los elementos recolectados surge que los trabajos se encuentran ejecutados casi en su totalidad con anterioridad a la tramitación de los llamados a concursos de precios.
Por las irregularidades administrativas detectadas, el órgano de control externo envió las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, las que deberá efectuar un pormenorizado análisis para determinar si se debe realizar la denuncia penal y/o juicio de responsabilidad.
El 9 de abril pasado los legisladores Beatriz Manso, Fabián Gatti, Martha Ramidán, Irma Haneck, Manuel Vázquez, Luis Bonardo, Luis Bardeggia, María Maza y Facundo López solicitaron una auditoría sobre cuatro expedientes –que involucran a seis obras en otras tantas escuelas- y que se encontraban en ámbito de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Ahora, el Tribunal de Cuentas concluyó las auditorías requeridas, con las conclusiones alcanzadas relativas a los expedientes, que fueron enviadas ayer a la Legislatura.
Fuentes oficiales confirmaron a ADN que del contenido de los informes surgen “conductas administrativas presuntamente irregulares e incumplimientos a normas legales”, por lo cual los auditores contable y general estimaron que corresponde remitir las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Pablo Berraz, para su específica actuación.

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