El trágico derrumbe del 22-M se ubica entre las prioridades legislativas

Tal como lo informó EL LIBERTADOR en la edición de este jueves 3, se aprobó el pedido de informe a las autoridades municipales, provinciales y nacionales respecto a lo ocurrido el pasado 22 de marzo, en la obra ubicada por calle San Martín al 600 de la Capital.
Desde la presidencia de la Cámara baja se comprometieron a tratar a fondo la cuestión para evitar que hechos similares se repitan. "No hay cuestiones políticas detrás", aseguró Cassani.

La sesión del pasado miércoles de la Cámara de Diputados de la Provincia dejó mucha tela para cortar en cuanto a los sustanciosos pedidos de informes a las autoridades provinciales y municipales. La controversia existente sobre el terreno de la Casa Quinta Ferro y lo ocurrido en el hospital San José de Paso de los Libres, donde cayó parte del techo de la sala 7, fueron algunas de las más resonantes resoluciones aprobadas. Pero la propuesta para atender a fondo lo ocurrido en pasado 22 de marzo (22-M), tras el derrumbe de parte de la obra en construcción por calle San Martín de la Capital provincial, en la que murieron ocho personas captó la atención de propios y extraños.

Se trata de una de la peores tragedias ocurridas en la provincia, y por ello desde Diputados decidieron ahondar sobre la cuestión. Para eso aprobó el miércoles, por unanimidad, solicitar a la Municipalidad, la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, al Ministerio de Trabajo de la Nación, a la Uocra, y al Consejo de Ingenieros, detalles referidos a la actuación de cada una de las áreas en relación a la edificación señalada.

"Conocer detalles poco claros aún, sobre la autorización oficial para la continuidad de los trabajos allí encarados y los controles realizados", es uno de los objetivos de la Cámara baja.

El titular de Diputados, Pedro Cassani resaltó que la tardanza del tratamiento en el recinto se debió al cumplimiento fiel de todos los pasos parlamentarios de rigor (análisis en la comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos, que fusionó los proyectos de los diputados Marly Brisco y Cassani), "que si bien coincidían en el espíritu de la medida, diferían en cuestiones de forma que debían ser estudiadas y amalgamadas", se explicó.

El cuerpo parlamentario decidió que las instituciones sean la Municipalidad, la Subsecretaría de Trabajo provincial, el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Uocra Corrientes, y el Consejo de la Ingeniería Arquitectura y Agrimensura de Corrientes, quienes remitan una serie de datos que "ayuden a entender mejor lo ocurrido", con el objeto de que "el Estado se comprometa a colaborar a evitar situaciones de ésta naturaleza que provocan tremendo dolor en toda la comunidad correntina".

Cassani dejó en claro que en este tema "no hay cuestiones políticas detrás", ya que, sólo se busca "saber un poco más sobre lo ocurrido".

Compromiso vigente

"Somos los representantes del Pueblo. Nuestra función es velar por el bienestar de todos. Las tragedias, el dolor, no tienen color político ni raza, ni religión. Tenemos un compromiso asumido de hacer lo mejor para cada correntino. Veremos los informes para saber cómo obrar en consecuencia", aclaró el titular de la Cámara baja ante los periodistas.

Se vuelve ubicado recordar, ante estas declaraciones, que Cassani se apersonó en la sede de la Uocra el día después del fatídico hecho, para ponerse "a disposición desde lo personal y como Diputado para lo que hiciera falta", como primera medida; y luego, para empaparse de cuestiones jurídicas implícitas en una tragedia que "no debe volver a ocurrir".

No "hacer la vista gorda"

"No se puede hacer oídos sordos al pedido generalizado de la sociedad que clama por el esclarecimiento de este hecho tan desgraciado, y sin soslayar la tarea de la Justicia, que deberá encontrar los responsables, no podemos dejar de cumplir la tarea que como representantes del Pueblo nos toca ejercer", apuntó Cassani.

Pedido de informe

En cuanto a lo que deberá informar la Municipalidad de Corrientes, algunos de los ítems solicitados son:

-Cantidad de pisos autorizados para la construcción.

-Cantidad de pisos para los cuales estaba hecho el cálculo de estructura del edificio siniestrado.

-Si el Municipio controló y en caso afirmativo, con que periodicidad, que la construcción se efectuara conforme a los planos aprobados.

-Cuántas actas por infracción se labraron con motivo de la obra en cuestión.

-En cuántas oportunidades fue clausurada o paralizada la obra, y en qué etapa de avance se encontraba.

-En caso afirmativo, cuáles fueron los motivos de tales clausuras o paralizaciones.

-Si hubo violación de la clausura o paralización de la obra por parte de la constructora y en su caso, qué medidas tomó el Municipio.

-Qué medidas de seguridad y custodia adopta el Municipio para evitar la violación de las fajas de clausura de obras en construcción.

-Si se autorizó la entrada de un mixer que lleva hormigón elaborado y si hubo personal de tránsito cortando la calle para el ingreso del mismo, horas antes del derrumbe.

-Qué conducta asumirá el Municipio respecto de la estabilidad de la obra colapsada.

-En materia de construcción en el ámbito de la ciudad, con qué periodicidad el Municipio realiza inspecciones sobre la marcha de la obra y cumplimiento de las normativas vigentes.

Entre otros ítems.

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