La frase fue dicha ayer por la abogada piquense Marina Vanini, al confirmar que inició un juicio por el cobro de honorarios contra el ex presidente del Tribunal de Cuentas, Natalio Guillermo Peres, y el ex vocal, Rubén Rivero, quienes fueron destituidos el 1 de marzo de 2009 por mal desempeño de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, e incompetencia o negligencia reiterada demostrada en el ejercicio del cargo.

Vanini fue uno de los dos abogados que formó parte del jurado de enjuiciamiento que destituyó a ambos ex funcionarios, pero a tres años del proceso todavía no pudo cobrar las costas que le fueron fijadas en 20.000 pesos. "Me vi obligada a iniciar este juicio porque el Estado, que fue quien debió pagarme, no quiso hacerlo", expresó Vanini.

La profesional recordó que en el fallo de destitución, firmado por el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Menéndez, se dispuso que el Estado abonaría los honorarios de los abogados (los de ella y de Marcos Emil Koncurat) y que luego se los cobraría a Peres y a Rivero.

"Yo seguí los pasos administrativos que indicaba la propia resolución y pedí que el Estado me abonara los honorarios, pero el Tribunal de Cuentas dijo que no debía hacerlo el Estado sino Peres y Rivero, entonces reclamé al Superior Tribunal de Justicia a través de un recurso contencioso-administrativo. ¿Qué me dijo el STJ? Que esa no era la vía para reclamar honorarios. Así que agotadas todas las instancias, inicié el juicio", detalló. La demanda quedó radicada en la secretaría 2 del Juzgado de Ejecución.

Vanini contó que también le mandó cartas documento a los funcionarios destituidos y tampoco obtuvo respuestas. "Uno, Rivero, me contestó que eso está prescripto, lo que es falso; y el otro, Peres, ni siquiera fue a buscar la carta al correo. Está claro que no tienen ninguna voluntad de no pagar. Pero lo más curioso es que uno de ellos le pagó al otro abogado", en alusión a Rivero y Koncurat.

- ¿Cada uno de ellos debería pagarle 10.000 pesos?

- La resolución dice que son solidarios con respecto al total de los honorarios.

"Sin dudas, que esto es un mal precedente para la vida institucional de La Pampa, porque demuestra que alguien que es llamado por el Estado para participar de un jury, después tiene que arreglarse por su cuenta para cobrar algo que le corresponde pagar al Estado", remarcó la abogada.

Peres y Rivero fueron destituidos por un jurado que completaron Menéndez y los diputados Patricia Lavín y Martín Berhongaray por la falta de control a dos cuentas del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, entre 1999 y 2003. La causa se inició luego de la sentencia condenatoria contra el ex vicepresidente del IPAV, Hugo Agüero, y el ex gerente general, Luis Araniz, por sustracción de caudales públicos y pago de coimas. Ambos ex funcionarios del TdeC quedaron involucrados en el proceso, ya que la Cámara en lo Criminal 1 comprobó que las dos cuentas no fueron controladas y que por ellas se desviaron 960.000 pesos.

"Tanta fue la informalidad detectada, que en algunas ocasiones se rindió una determinada suma consignada en un cheque y se indicó haber realizado un pago de sensible mayor cantidad", llegaron a escribir los jurados en el fallo.