Saravia se mostró reacio a brindar detalles de la tarea que realizaba esa estratégica unidad que, según los querellantes, cumplió un rol fundamental en el marco del terrorismo de Estado. Tampoco dio la nómina del personal que hacía inteligencia en los partidos políticos, gremios, universidad, etc. Unicamente se acordó de los fallecidos. El policía quedó expuesto cuando aseguró que no tuvo injerencia en el “expediente Ragone”. Sin embargo, de la lectura de las actas surgió que el informe realizado ese día por la Comisaría Primera fue girado al D2. El fiscal Horacio Azzolín pidió su detención y el Tribunal dispuso que sea puesto a disposición del juez federal de turno para que lo investigue por “falso testimonio”. De igual forma procedió el Tribunal cuando Azzolín le imputó el mismo delito al comisario Liendro. El testigo recurrió a la teoría del “no me acuerdo”. Sólo reconoció su firma, pero no el contenido del informe de las actuaciones que practicó el día de los hechos. El fiscal se hartó y consideró que también debía quedar preso. La postura de Liendro fue similar a la de su ex jefe Santiago Pedroza, quien el 1 de junio pasado también salió detenido de la audiencia por faltar a la verdad.