En pocos días más el Ministerio de Seguridad depositará el 5% de ese monto a los 311 municipios y comunas adheridos a la Ley Provincial de Tránsito.
De acuerdo a la información oficial publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, en el transcurso de 2009 por la presentación voluntaria de los infractores o las intimaciones enviadas desde los distintos Juzgados Municipales de Faltas, el gobierno logró percibir de manera efectiva 9.152.730 pesos.
La cifra recaudada por este concepto aumentó sustancialmente en 2010 al totalizar 34.632.960 pesos. En tanto, el año pasado se cobró una cifra récord de 89.207.240 pesos.
De estos números se deducen varias conclusiones: los efectivos de la Policía Caminera aplican cada vez más actas en las rutas provinciales y nacionales bajo su control, los infractores abonan en mayor proporción las multas recibidas o ambas cosas a la vez.
Debe aclararse en este contexto que según admitieron distintas fuentes de Casa de Gobierno, apenas se ha logrado cobrar en estos tres años entre el 20 y 25% de las actas labradas que en total superarían como se dijo en un párrafo anterior los 650 millones de pesos.
Incluso desde la Provincia se confirmó que en poco tiempo más se iniciará el cobro vía judicial de más de 60 mil multas (son las más antiguas) que superan los 100 millones de pesos teniendo en cuenta el monto inicial más los intereses por el tiempo transcurrido, los honorarios de abogados y procuradores y los gastos por el envío de las sucesivas intimaciones sin respuesta positiva.
Si bien la Policía Caminera surgió como fuerza de control con el fin de prevenir y evitar accidentes en las rutas cordobesas, se ha convertido según surge de estas cifras, en un organismo recaudador más que interesante para el Estado cordobés.
Es que los casi 133 millones cobrados entre 2009 y 2011 implican un promedio de un poco más de 44 millones de pesos por año, una cifra nada despreciable para el erario público provincial.
Demoras en la distribución
Aunque la Provincia viene cobrando multas a través de la Policía Caminera desde 2009, recién ahora en 2012 concretará la primera distribución del dinero recaudado.
De acuerdo al artículo 8º de la Ley Provincial de Tránsito 8560 en su nuevo texto ordenado, con el dinero recaudado por las actas que se labran en concepto de infracciones viales, el Gobierno creó un Fondo de Seguridad Vial y de Compensación.
El mismo determina que el 5% de lo efectivamente recaudado año tras año debe destinarse a la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial. Un porcentaje similar le corresponde a los 311 municipios y comunas que adhirieron por ordenanza a esta Ley 8560 (ver nota aparte “Coparticipan por primera vez lo cobrado a 311 municipios”).
El resto del dinero cobrado se distribuye según distintos parámetros formales y de procedimiento entre la Policía Caminera como autoridad de Control, los Juzgados Administrativos Municipales de Faltas que se encargan en distintas zonas de la Provincia de enviar las intimaciones y recibir los descargos, los municipios y comunas que tienen un rol activo en la materia y el propio Gobierno de Córdoba.
Hasta el momento, sólo han cobrado dinero proveniente de estas multas y siempre con atraso, los gobiernos locales que ponen a disposición de la Policía Caminera sus respectivos Tribunales de Faltas. Los desembolsos provinciales siempre llegan con atrasos y apenas alcanzan para cubrir el gasto que tienen estas dependencias en concepto de sueldos y del envío de miles de intimaciones a los infractores.
Las Sanciones más comunes
Aunque no existe una estadística precisa sobre cuáles son los motivos más comunes por los cuales la Policía Caminera aplica las multas, distintas fuentes del Gobierno aseguraron que la mayor parte de las actas se labran por conducir con las luces apagadas o por manejar sin el cinturón de seguridad puesto.
También se aplican muchas sanciones a quienes transportan más gente de lo permitido para cada unidad.
Comentá la nota