La ley que otorga un subsidio de $ 3.000 a víctimas cordobesas de la dictadura militar fue aprobada el 24 de marzo pasado, y estableció un plazo de 30 días para su reglamentación. La ministra de Justicia, Graciela Chayep, dijo que la reglamentación “está a la firma” del gobernador De la Sota.
(Nº 10.048), sancionada por la Legislatura provincial el 24 de marzo pasado, cuando se cumplieron los 36 años del último golpe de Estado, y que fuera promulgada por el Poder Ejecutivo el 20 de abril.
Aunque en su artículo 14 la normativa da un plazo de 30 días para su reglamentación, ya han pasado más de tres meses de la sanción, sin que se conozca cuándo comenzará a regir la reparación, del orden de los $ 3.000 mensuales.
Según dijo a LA MAÑANA la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Graciela Chayep, cuya cartera es organismo de aplicación de la normativa, la reglamentación “está a la firma” del gobernador José Manuel de la Sota. Fuentes oficiales que hablaron con este diario rechazaron que la demora se deba a razones presupuestarias, como especulan en organizaciones de DD.HH., y consideraron que “en poco tiempo” comenzará a pagarse el subsidio. Asimismo, señalaron que los formularios de solicitud del beneficio «ya están impresos”, y que ni bien salga la reglamentación, comenzará el proceso de inscripción.
Por su parte, fuentes de las Asociaciones de Ex Presos Políticos que hablaron con este diario expresaron su temor a que la reparación pase para el año próximo.
La reparación económica a víctimas de la dictadura (que existe desde hace tiempo en provincias como Buenos Aires) fue autoría del legislador oficialista Carlos Alesandri, y en su momento dividió las aguas adentro y afuera de los organismos de Derechos Humanos, al punto que las entidades que nuclean a ex presos políticos no ingresaron al recinto el día de su aprobación.
Se trata de un subsidio equivalente a dos haberes mínimos de la Caja de Jubilaciones de Córdoba
-unos $ 3.000- a ex presos con al menos un año de detención, con ingresos inferiores al monto del subisdio, nacidos y apresados en Córdoba, entre otros requisitos. La asignación tiene carácter no contributivo y personal, de pago mensual, vitalicio e inembargable. Aunque ni en la Provincia ni en los organismos de DD.HH. existe en un padrón definitivo, extraoficialmente se considera que habría entre 500 y 600 potenciales beneficiarios, contando las víctimas del Plan Conintes. Los fondos provendrán del Ministerio de Desarrollo Social.
La semana pasada, un ex preso político cordobés y potencial beneficiario, Neldo Fraye, presentó una carta a Chayep reclamando la puesta en vigencia del beneficio. Fraye señala que la “morosidad” en la entrega del subsidio “ha provocado un fuerte impacto psicológico” en los ex presos que salieron a buscar la documentación que acredite su condición, lo que los llevó a “revolvieron el pasado”. “El Poder Ejecutivo creó la expectativa y ahora incurre en esta morosidad”, dijo a este diario. En la misiva a Chayep, Fraye recuerda que “el artículo 13 de la ley indica que entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial”, lo que se produjo el 20 de abril.
Por su parte, la dirigente de la Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba, Sara Waisman, subrayó que “hay compañeros que necesitan el beneficio”, pero que la Asociación “no tiene información” sobre las causas de las demora “ni cuándo comenzará a pagarse”. «Nosotros mandamos a todos los compañeros a la Secretaría de Derechos Humanos (General Paz 120)”, indicó la dirigente.
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