El bloque del PRO está haciendo muy bien los deberes en la Legislatura porteña. Tal como había anticipado adnciudad.com, los diputados aprobaron en la sesión de este jueves la ley que autoriza la operatoria de regularización dominial definitiva de 14.692 viviendas que están pendientes de escrituración, construidas con financiamiento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC).

El principal objetivo de normativa -impulsada por los diputados del PRO Enzo Pagani y Cristian Ritondo- "es establecer las condiciones necesarias para permitir llevar adelante la regularización dominial contemplando la situación actual de todos los ocupantes.

De esta manera, se podrá otorgar la titularidad definitiva de las viviendas a quienes las ocupan desde hace tiempo, liberando de ciertas exigencias a fin de simplificar la operatoria en cuestión, procurando un avance sustentable sobre los inconvenientes que presentan los complejos involucrados en lo que respecta a su situación de precariedad dominial y de administración".

"Teniendo en cuenta que la población está asentada en las viviendas de forma definitiva, esta ley posibilitará la regularización de dominio de numerosas familias que ocupan complejos de viviendas de carácter social. Es un compromiso garantizar la seguridad jurídica de sus adjudicatarios y/o ocupantes para llegar a contar con los títulos de propiedad de los inmuebles que habitan", señaló Ritondo.

En tanto, Pagani sostuvo: "Se trata de saldar una deuda histórica del Estado de la Ciudad con una situación irregular de los auténticos adjudicatarios de complejos habitacionales ubicados, en su mayoría, en la zona sur".

La flamante ley les permite a los ciudadanos garantizar operaciones con respaldo hipotecario, como también estar conforme a derecho con sus obligaciones tributarias, con el fisco de la Ciudad.

Por otra parte, se sancionó un proyecto de Ritondo que modifica una cláusula del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, con el propósito de establecer una prórroga para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o provinciales que se incorporen a la Metropolitana.

Con la sanción de la ley, la Cláusula Transitoria Primera del Estatuto quedó redactada de la siguiente manera: "Para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta diciembre de 2015 y que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del artículo 46 de la Ley 2894, la reglamentación establecerá los plazos para que dicha exigencia sea cumplimentada".

Si bien la idea era condicionar la prórroga al traspaso de la Policía Federal, a propuesta del diputado Juan Pablo Arenaza (Coalición Cívica) se puso un plazo determinado.

Ritondo resaltó la necesidad de aprobar la prórroga para incorporar personal con experiencia hasta tanto comience el demorado traspaso de los efectivos de la Policía Federal y consideró "imprescindible" recurrir a la incorporación de efectivos con experiencia provenientes de otras fuerzas policiales, al argumentar que "si confiara en lo futuro el desarrollo de la Policía Metropolitana a la capacidad de formación de cadetes sin experiencia en el Instituto -que en la actualidad alcanza solo a los 550 o a lo más 600 efectivos por año-, se tardaría casi 25 años en satisfacer el numero mínimo de efectivos que en la actualidad requeriría el cumplimiento de los fines establecidos por la ley que según los cálculos policiales nunca podría ser inferior a los 15 mil".

Fue muy cuestionada la decisión de continuar también con la excepción del secundario completo para los efectivos de otras fuerzas que quieran ingresar a la Metropolitana, dado que es una condición excluyente para quienes no poseen experiencia alguna. Tanto el diputado Martín Borrelli como el diputado Helio Rebot aseguraron que es muy alto el porcentaje de efectivos de la Federal que no terminaron el secundario y que de no tenerlo en cuenta se podría argumentar discriminación por parte de la Ciudad para con ellos.

Los argumentos no lograron convencer a los diputados Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) y Francisco Nenna (Encuentro Popular para la Victoria), quienes habían presentado dos dictámenes de minoría, ni a quienes acompañaron esas posiciones, con lo cual la iniciativa fue sancionada con 31 votos afirmativos, 17 negativos y 3 abstenciones.

Por último, se aprobó el proyecto de ley sobre ampliación presupuestaria propuesto por el Gobierno porteño. En el mismo, se consideraron las causas por las cuales es necesario proceder a un ajuste de precios basado en dos condicionamientos. El primero se encuentra determinado por la variación en la estructura de costos en función de los acuerdos paritarios entre los distintos gremios y que la Ciudad debe asumir como costos indirectos; y el segundo se debe al incremento sufrido en los valores de los insumos.

Los mayores gastos serán para compensar el servicio de recolección de residuos con 242 millones de pesos; 75 millones de pesos destinados a comedores escolares; 60 millones de pesos para limpieza de hospitales; 55 millones de pesos para insumos hospitalarios, 32 millones de pesos para obras menores a cargo de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS); 31 millones de pesos para la puesta en valor de los hospitales porteños; 30 millones de pesos para el Hospital Garrahan; 25 millones de pesos para subsidios de programas sociales, 24 millones de pesos destinados a Grupos comunitarios del Ministerio de Desarrollo Social.

Si bien quien defendió en una primera instancia -al igual que lo hizo la semana pasada durante el debate de la ampliación de la deuda de la Ciudad- el proyecto fue la diputada Karina Spalla (a quien el diputado Álvaro González definió como "el rostro humano" de la comisión), fue el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda quien indicó: "El presupuesto sancionado para el corriente año incluyó una estimación de incremento de la masa salarial para el presente ejercicio del orden del 15%. Cuando se efectuó esta previsión solamente se había concretado la paritaria con el gremio docente, las negociaciones salariales celebradas posteriormente para los distintos escalafones que componen la planta de personal del GCBA acordaron un incremento promedio del 16,8% para 2011. Por tanto se produjo un desfase entre la previsión efectuada y el gasto final del orden de los 207 millones de pesos".

Y explicó: "Es precisamente la inflación registrada en los precios la causa del incremento de los costos de servicios e insumos esenciales para el cumplimiento de los programas en marcha en las áreas sociales más sensibles: salud, educación y desarrollo social".

"Dado que el salto inflacionario que se evidenció desde principios de año, así como el actual panorama de actividad hacen necesaria una urgente evaluación de ampliación del presupuesto que permita reasignar los recursos excedentes para cubrir los gastos corrientes y ejecutar aquellas obras fundamentales que hayan sufrido ajustes de precios mayores a los previstos en el sector privado durante este período", concluyó González.

Entre los diputados de la oposición que cuestionaron la norma, el diputado Martín Hourest (GEN), autor del despacho de minoría que sostenía la vuelta a comisión del expediente (votó negativamente el proyecto al igual que el bloque Proyecto Sur y MST), se refirió a "la premura con que se trató el expediente" y no el haber tenido "acceso a ningún expediente que a modo de ejemplo permitiera evaluar la razonabilidad económico - financiera de las redeterminaciones de precios otorgadas". Además, expresó que "mientras los sectores contratistas del Gobierno ajustan sus ingresos y se protegen del deterioro provocado por el aumento del precio, no se propone ninguna medida para salvaguardar a quienes carecen de mecanismos de protección".