Destacaron que “este proyecto tiene la intención de contribuir a la solución que entre todos debemos dar al desarrollo de nuestra costa marítima rionegrina, contemplando la máxima protección del medio ambiente y de la calidad de vida de las regiones y de sus habitantes”.

Mencionaron además que “el Estado debe ejercer el pleno ejercicio de las potestades del poder de policía y manteniendo una eficaz política de desarrollo a través del mantenimiento irrestricto de la seguridad jurídica en pos de un efectivo uso y manejo del territorio mediante el aprovechando de todas y cada una de sus potencialidades”.

“Nuestras playas patagónicas cuentan con recursos latentes que requieren ser identificados por medio de procesos de estudio estratégicamente planificados dirigidos a su desarrollo sustentable”.

Consideraron que “debemos desplegar un plan específico de ordenamiento territorial, indispensable para alcanzar el desarrollo, orientado al crecimiento estable de la actividad turística con la participación de las comunidades e Instituciones afines a estos ambientes costeros con objetivos a corto, mediano y largo plazo”.

“Entendemos que el éxito de toda política de uso y manejo del territorio exige la máxima participación posible de todas las instancias de gobierno y de todos los sectores de la comunidad. También que esa participación jamás podría alcanzar el nivel deseado sin un debido conocimiento de la real entidad y magnitud de los problemas del ambiente donde se desea realizar el uso, de los actores sociales, políticos y culturales que en él se puedan desarrollar y que existen y forman parte de la región y por último del potencial que estará directamente relacionado con la oferta para el logro de la inversión”.

Entendieron también que en “nuestra costa atlántica, debemos tomar la actividad turística como lo es, un factor reformulador y dinamizador de la sociedad en sus aspectos más variados. Un derecho adquirido donde el factor económico actúa como resultante y elemento de desarrollo de la provincia, la región y la Nación”.

Observaron que “los municipios de la costa atlántica rionegrina conocen las ventajas comparativas que el ambiente les brinda y trabajan para su desarrollo. Es responsabilidad del Estado provincial brindar las herramientas jurídicas necesarias que respalden el crecimiento y progreso económico, que redundará en mayor y mejor calidad de vida de los habitantes.”

Remarcaron finalmente que “esta alternativa persigue ordenar, en parte, el sector de la costa atlántica rionegrina que por su historia institucional y cercanía geográfica le corresponde al municipio de San Antonio Oeste”.

El proyecto propicia la ampliación del ejido municipal de San Antonio Oeste, anexándolo a lo ya normado en la Ley Provincial Nº 900, llegando al límite con el Área Natural Protegida Caleta de Los Loros y “sin renunciar a los derechos posesorios que ejerce el municipio sobre el resto de los territorios linderos”.