Docentes y hospitalarios inician la semana con paros. Además, están latentes las amenazas de otros sindicatos estatales. Exigen mejor recomposición salarial. La bonanza financiera plantea un debate más allá de la coyuntura: cómo se distribuyen los recursos.
Saben que los ingresos de fondos nacionales a Corrientes aumentaron un 88,17% entre el 2007 y el 2010. También que, en lo que va de este año, los recursos federales y las acreditaciones de recursos federales en las arcas estatales están aumentando a un ritmo del 32% -32,81% o $438, 3 millones extras durante el primer semestre-, comparado con igual período de 2009.
La alternativa predilecta para demostrar su malestar y reclamar es la implementación de las medidas de fuerza. También es el único camino que les queda a los gremios estatales, porque la patronal -en este caso el Ejecutivo provincial- no ofrece espacios democráticos de debate y negociaciones. En este marco de situación, a partir de mañana, varios sindicatos de empleados públicos provinciales comenzarán a retomar sus planes de luchas. Los tres poderes del Estado regresarán a la normalidad de sus actividades, después del receso invernal, y los conflictos sociales estarán a la orden del día.
A pesar de haber otorgado dos recomposiciones salariales a los empleados estatales en lo que va del año -un total de $650, remunerativo y no bonificable, que le insumieron $225 millones- la Administración del gobernador Ricardo Colombi tiene varios frentes abiertos con los gremios estatales, y la semana que viene más sindicatos comenzarán a manifestar su malestar.
En Educación
El conflicto más conocido es con el sector docente. Los gremios SUTECO, SADOP y ACDP protagonizarán este lunes 26 y martes 27 la octava jornada de paro en lo que va del año. El Calendario Escolar de 2010 establece el cumplimiento de 185 días de clases, que no se cumplirán por la profundización de la pelea entre el Gobierno y los sindicatos “duros”.
Estos tres sindicatos docentes le están exigiendo al Gobierno que el básico de los maestros llegue a $1.000 a fin de año, y no a $950 como propone el Ejecutivo; y la modificación del Nomenclador de Cargos, para que las mejoras salariales beneficien más a los que tienen los salarios más bajos.
También mayor inversión en infraestructura escolar y la reincorporación efectiva de unos 1.300 porteros que fueron cesanteados en toda la Provincia. Están denunciando que más del 50% de las escuelas de Corrientes no está en condiciones edilicias ni sanitarias para albergar a los alumnos.
En Salud
El próximo martes, los trabajadores de Salud Pública resolverán, en una asamblea ampliada que se realizará a partir de las 10 en el Hospital Escuela de Capital, el plan de lucha para el segundo semestre del año.
El secretario general de Asociación de Trabajadores de la Salud Argentina (ATSA); Guido Tello, adelantó a “época” que “posiblemente el martes se resuelvan medidas que se podrían concretar esa misma semana”. Agregó que existe “un alto malestar en los trabajadores de la Salud, porque ya pasaron siete meses y el Gobierno no respondió a ninguno de nuestros reclamos”. Aseguró además que el diálogo con el Ministerio de Salud “está totalmente cortado”.
Los trabajadores de los hospitales públicos protestan porque el Ejecutivo “sólo reincorporó el 60% de los trabajadores sanitarios que cesanteó”. También que “sólo recontrató al 50% de los agentes del Programa Formarse y Crecer (ex Jefes y Jefas de Hogar que trabajan en los CAPS y hospitales) a los que se les venció el contrato”. Tampoco devolvió “las recategorizaciones que suspendió en diciembre del año pasado”, reseñó Tello. Por supuesto que ATSA está exigiendo, además, una mayor recomposición de los salarios de los trabajadores de la Salud Pública de la Provincia.
Demás sectores del Estado
CTA y ATE se mantienen en “estado de alerta, asamblea permanente y movilización”, en reclamo de mejores condiciones laborales, un mínimo salarial de $2.500, de acuerdo a los mayores ingresos de recursos nacionales que está teniendo la Provincia.
También exigen la devolución de los ascensos laborales -recategorizaciones y “reencasillamientos”- que el año pasado alcanzó a unos cinco mil agentes estatales, y que fue suspendido por la Administración del gobernador Ricardo Colombi y dejó temporalmente sin efecto. Y exigen “el cese de la intervención en el IPS, el IOSCOR, Lotería y demás entes descentralizados”; y la concreción de “paritarias laborales” locales.
“La próxima semana -el viernes 30- vence el plazo que le dieron los trabajadores del SISPER -área de liquidaciones de sueldos- al Ejecutivo para que devuelva las recategorizaciones, que de no concretarse volverían al paro”, comentó a “época” el secretario general de ATE, Walter Zamudio. Recordó además que “los trabajadores del INVICO también están en alerta, y con la posibilidad de que concreten medidas de fuerza”. Los empleados del Instituto de Vivienda están pidiendo recomposición de sus sueldos y la reactivación de nuevos planes habitacionales.
La Multisectorial gremial -que agrupa a unos 16 sindicatos estatales- volverá a retomar sus reuniones la semana que viene para acordar la “agenda de demandas” y las medidas de reclamos para el segundo semestre del año.
Entre las exigencias, particulares, estará el pedido de “aumento de las asignaciones familiares a $180”, como paga la Nación -la Provincia paga $45 por hijo- la normalización de los entes descentralizados. Saldrán a defender el proyecto del “82% móvil con los diez mejores años”, que espera la otra media sanción de la Cámara de Diputados, dijo a “época” una fuente de la Multisectorial.
Embestidas y promesas
El Ejecutivo provincial reduce los planteos de los gremios estatales sólo a lo salarial, cuando en realidad las demandas son mucho más amplias. El Gobierno trata de calmar la efervescencia de los sindicatos estatales, con la promesa de otra recomposición salarial antes de fin de año.
La Administración de Ricardo Colombi condiciona todas las mejoras a la concreción del Desendeudamiento de la Provincia. El Ministro de Hacienda dijo el jueves pasado que el ingreso de Corrientes al Programa Federal de Desendeudamiento “permitirá avanzar con una mayor inversión en los servicios básicos y adelantar las etapas de recomposición salarial del segundo semestre”. Pero estos anuncios parecen no calmar la ansiedad de los empleados públicos, quienes a través de sus gremios comenzarán a movilizarse, reclamar y protestar a partir de la semana que viene.

Comentá la nota